Contundencia. El Gobierno español remitió ayer a la dirección general de Energía de la Comisión Europea una carta en la que expone sus argumentos para dotar de más facultades a la Comisión Nacional de Energía (CNE) ante la oferta de la alemana E.ON por Endesa, que concurre con la lanzada anteriormente por Gas Natural.

En la misiva, de 12 páginas, el Ejecutivo español afirma que la nueva regulación "evita situaciones de discriminación", al someter al escrutinio previo del ente supervisor toda operación de intento de compra de una compañía sometida a actividades reguladas en España (eléctrica o gasística). La respuesta del Gobierno llega con una semana de retraso con respecto al plazo impuesto por la Comisión. El real decreto ley de la CNE fue convalidado el jueves en el Congreso.

Con la norma anterior sólo estaban sujetas a este requisito las compañías que también realizaban actividades reguladas en España (Gas Natural), pero no E.ON. El Gobierno ve "claros y contundentes" sus argumentos.

LIBERTADES RESPETADAS También argumenta que el cambio "evita la discriminación que en el proceso de la OPA sobre Endesa sufriría cualquier sociedad que realice actividades reguladas en el ámbito del mercado español de la energía respecto de las que no realicen estas actividades, pues las primeras tendrían que obtener autorización, mientras que las segundas no, teniendo ambas operaciones idéntica relevancia para la actividad regulada de Endesa".

La carta destaca que la norma que Bruselas ha amenazado con sancionar "no vulnera ni la libre circulación de capitales ni la libertad de establecimiento", e incrementa "la seguridad jurídica" al tasar "en mayor medida" los criterios para llevar a cabo la tarea supervisora de la CNE. El Ejecutivo sostiene que la ampliación de las facultades del organismo regulador no supone implantar un nuevo régimen de autorización y está amparada por el Tratado de la UE, que permite tomar medidas justificadas por razones de seguridad pública. Recoge, en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que confirman iniciativas similares de otros países.

PORTUGAL, FRANCIA E ITALIA Madrid se escuda en que España es de los países "que han cumplido más diligentemente sus obligaciones de liberalización y han privatizado las empresas" del sector energético, mientras que otros países mantienen su control e influencia. Recuerda el control del Estado italiano en Enel, del portugués en EDP y del francés en Gaz de France y EDF.

Si se da ese caso, las medidas "estarían justificadas por ser, de acuerdo con lo exigido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, adecuadas para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para alcanzarlo, respetando el criterio de proporcionalidad", agrega la carta. Además, la nueva norma precisa los factores que la CNE debe tener en cuenta y las causas que pueden motivar la denegación o el condicionamiento de permisos. Según la carta, estos factores y causas se han adecuado a los vigentes en otros países comunitarios, como Bélgica, que han obtenido el respaldo del Tribunal de la UE. La norma belga permite al Ejecutivo oponerse a compras cuando considere que "atentan contra los intereses nacionales en el ámbito de la energía".

El Gobierno defiende la autorización previa, frente a mecanismos ex post que, a su entender, "dejan al órgano que los aplica amplio margen de discrecionalidad". También es menos efectivo porque "sólo faculta al Estado a oponerse a ciertos actos cuando el riesgo ya se ha producido".

REVES A ENDESA Mientras, la titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid Míriam Iglesias ha rechazado las medidas cautelares pedidas por Endesa en una demanda contra Gas Natural e Iberdrola. Endesa consideraba que el pacto de compraventa de activos entre Gas Natural e Iberdrola contravenía la ley de sociedades anónimas, por lo que reclamaba que Gas Natural no pudiera destinar los fondos de esas ventas a financiar la operación de compra de Endesa.