Los 725.562 trabajadores contratados por las administraciones públicas podrían ser despedidos sin derecho a indemnización si esta medida se incluye en el futuro Estatuto Básico del Empleado Público que debe entrar en el Parlamento este año y estar aprobado antes del 2007.
Esta es una de las recomendaciones que aparecen en la página 140 de un informe encargado por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a una comisión de expertos sobre este estatuto. El documento será la base de la negociación que iniciará el ministro con las autonomías, los ayuntamientos, los partidos y los sindicatos.
Los 15 expertos presididos por el catedrático de Derecho Administrativo, Miguel Sánchez Morón, aconsejan al ministro que "suprima" la figura del despido improcedente en el ámbito del empleo público porque la Administración no es un empresario privado y siempre actúa "por razones justificadas de interés público" y nunca despide "sin causa objetiva y legalmente prevista".
El Estatuto de los Trabajadores únicamente prevé tres tipos de despido: el procedente (cuando existe una causa para la extinción del contrato y, por lo tanto, no genera derecho a ninguna indemnización), el improcedente (cuando no existe causa objetiva y el trabajador debe ser compensado o readmitido en su cargo) y el nulo.
DESPIDO NULO El informe de los expertos también admite la posibilidad de que el despido sea nulo según lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cuando el contratador incurre en alguna causa de discriminación prohibida por la Constitución, se violan derechos fundamentales del trabajador o se vulneran sus libertades públicas. También sería despido nulo cuando la extinción del contrato se produce en los periodos de maternidad establecidos por la ley. En estos casos concretos, la norma obliga al contratador a la readmisión del trabajador en su puesto y al abono de los salarios de tramitación.
El sindicato CCOO criticó ayer el informe, ya que propone también que la Administración rescinda los miles de contratos que, sobre todo en ayuntamientos, se firmaron de forma irregular. El estudio cita cuando "no existe causa que los justifiquen o responden a la mera voluntad del organismo contratante".
El coordinador sectorial de la federación de servicios públicos de CCOO, José Gálvez, aseguró que su sindicato va a rechazar estas propuestas porque van encaminadas a ahorrar el coste del despido en las administraciones vulnerando de esta manera la legalidad al recortar los derechos laborales de los empleados públicos.
Sevilla consideró el informe como una propuesta muy valiosa pero advirtió a los sindicatos de que no presupone la postura del Gobierno sino un referente para la discusión.
