El Gobierno avanza en la reforma de la ley de cajas de ahorros con el doble objetivo de dotar a estas entidades de instrumentos para que puedan recapitalizarse si la crisis hace mella en sus cuentas de resultados y de restar influencia a las comunidades autónomas para evitar que puedan obstaculizar fusiones interterritoriales, según fuentes del sector.

Uno de los objetivos de la reforma que el Ejecutivo pretende impulsar después de las elecciones europeas es acelerar la despolitización de las cajas de ahorros, no solo quitando poder e influencia a las comunidades autónomas, sino también restando peso a los partidos políticos en las asambleas de las entidades.

La intención es que ninguna comunidad autónoma pueda prohibir fusiones interterritoriales entre las cajas que, a juicio del Gobierno, sería la mejor alternativa para la reordenación y el saneamiento del sector. Además, la reforma permitirá a las cajas de ahorros la posibilidad de acceder al mercado de capitales para hacer frente a una situación de déficit, equiparándolas así a los bancos.

Para ello, se plantea dotar de derechos políticos a las cuotas participativas, instrumentos financieros similares a las acciones, que tienen derechos económicos (permiten el cobro de dividendos) pero con el inconveniente de que no tienen derechos de voto.

Las cuotas, que son el equivalente para las cajas de las participaciones preferentes emitidas por los bancos, son un instrumento regulado desde hace ya cinco años. La única entidad que ha emitido cuotas es la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).