El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, asegura que ninguna comunidad autónoma perderá con la propuesta que propone el Gobierno para acometer la reforma del sistema de financiación autonómica, que además garantizará una financiación suficiente para las competencias transferidas a las regiones y asegurará igual cobertura de las necesidades básicas a todos los ciudadanos.

Solbes también afirma que el Gobierno podrá poner en marcha recursos adicionales, en función de sus disponibilidades presupuestarias, para reforzar el Estado del Bienestar, y añade que se repartirán según la evolución de la población de las comunidades.

Asimismo, propone una cesión en torno al 50% en el IRPF, el IVA, y los Impuestos Especiales a las comunidades. Si bien, en cuanto a estos últimos, el Estatuto de Cataluña contempla una cesión de 58%, por lo que el secretario de Estado de Economía y Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que se trabaja bajo esa hipótesis.

En todo caso, destaca que la nueva ley aumentará la autonomía financiera de las comunidades autónomas y su capacidad normativa. Insiste en que las concreciones sobre este asunto se alcanzarán en el órgano multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque garantizó que "se preservará la coherencia del sistema tributario público".

Así, asegura que para alcanzar el acuerdo será necesario un "esfuerzo adicional" por parte de todos los agentes que intervienen en la negociación, al tiempo que confió en fijar los "principios básicos" de la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el próximo 22 de julio, para comenzar la negociación "real" en septiembre, cuando se pase "de las musas al teatro", y tener cerrado un nuevo modelo antes de que finalice el año.

En este contexto, desvincula el "esfuerzo fiscal" de las comunidades, aspecto que se tendrá en cuenta en la nueva ley, con los datos de las balanzas fiscales recién publicadas. A su entender, dichos datos son "útiles" e "interesantes", pero no aportan nada nuevo al constatar que "las comunidades con ingresos más altos aportan más al Estado", algo "evidente" en un modelo de Estado autonómico.

El vicepresidente económico asegura que el modelo que propone el Gobierno pretende recoger los elementos "aceptables" de las posiciones trasladas al ministerio por las comunidades después de una "intensa" primera ronda de contactos bilaterales, aunque auguró un proceso de negociación "difícil" a partir del mes de septiembre.

Solbes expone que la intención del Gobierno es crear un nuevo modelo "consistente y transparente" que, en la medida de lo posible, "sea estable en el tiempo", incluyendo mecanismos de "flexibilidad" en la ley. En este sentido, propone una actualización del modelo anual, además de la quinquenal que ya contemplaba la ley de 2001.

En cuanto al peso de la población en el reparto, el vicepresidente económico emplaza el porcentaje exacto a la negociación con las comunidades autónomas, aunque asegura que "habrá acuerdo político antes de verano". "Mientras no se alcance ese acuerdo, creemos que sería bueno mantener las variables actuales"

A su entender, la propuesta gubernamental para la reforma de la financiación autonómica es un buen "punto de partida" al garantizar que "ninguna comunidad saldrá perjudicada" tras la nueva ley. En este sentido, insistió en que el Gobierno afronta "abierto" la negociación que se iniciará en septiembre sobre el peso de la población y el resto de factores de corrección.

En este sentido, observa que en el sistema actual ya existen mecanismos de corrección de la población, como la dispersión y el envejecimiento, sobre los que recordó el "amplio consenso" obtenido en su día. "Reconocemos los criterios que ya están para corregir la población, si somos capaces de corregir este ajuste con un acuerdo unánime, bien, sino se quedará así".