El Gobierno impedirá, mediante una ley que aprobará el próximo viernes, que las autonomías puedan subir por su cuenta las pensiones no contributivas. De esta forma, el Ejecutivo trata de evitar que se reproduzcan iniciativas como la de Andalucía en 1998, que luego fue seguida por Cataluña y La Rioja, gobernadas por CiU y PP, respectivamente.

El anuncio fue realizado ayer por José María Aznar ante la junta directiva del PP y lo justificó por solidaridad entre generaciones y territorios. Para el jefe del Ejecutivo, los jubilados "no pueden quedar divididos en un ranking de bienestar", según la comunidad en que vivan.

La decisión tendrá repercusiones electorales ya que algunos candidatos del PSOE quieren seguir el ejemplo andaluz. Es el caso del madrileño Rafael Simancas, que se ha comprometido a aumentar el doble del IPC anual las prestaciones de los jubilados que no hayan cotizado.

"IGUALES PARA TODOS"

"No podemos aceptar subastas de pensiones entre territorios", dijo Aznar, que reconoció la capacidad de las autonomías para realizar políticas sociales siempre que no afecten a las pensiones. El proyecto de ley que aprobará el Gobierno dejará "bien sentado", según el presidente, que las pensiones no contributivas "son iguales para todos los españoles, sin diferencias ni privilegios".

CCOO respondió que no tiene "nada en contra" del anuncio de Aznar porque compagina bien con los principios que defiende el sindicato. En cambio, Jordi Sevilla, del PSOE, criticó el "electoralismo" de la medida y preguntó al Ejecutivo si una subida de las pensiones para igualarlas con las de Andalucía es compatible con el déficit cero. Jesús Pérez, de UGT, aseguró que esperan "qué conejo sacará de la chistera el Gobierno" puesto que los Presupuestos del 2003 ya fijan en 268,77 euros (44.719 pesetas) la pensión para 464.964 personas que no cotizaron lo suficiente para tener una prestación contributiva.

La polémica sobre la capacidad de los gobiernos autonómicos para subir este tipo de prestaciones se remonta a 1998, cuando la Junta de Andalucía estableció una paga única de 9.395 pesetas (56,47 euros) para las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, siempre que los beneficiarios tuvieran tal condición al menos en los tres meses antes de cobrarlas y residieran habitualmente en Andalucía.

RECURSO PERDIDO

El Gobierno recurrió la medida ante el Constitucional, que no le dio la razón al considerar que Andalucía no invadía la competencia exclusiva del Estado en Seguridad Social, ya que la subida de las pensiones no contributivas tuvo carácter de "asistencia social".

La resolución contó con cuatro votos particulares, entre ellos el de su presidente Manuel Jiménez de Parga, con argumentos similares a los del Gobierno. Según los magistrados discrepantes, la sentencia "abre un preocupante espacio para la ruptura de la unidad de la Seguridad Social".