El Gobierno desveló ayer su plan para acabar con las "dudas" sobre las cajas, que tanto dañan la credibilidad y la capacidad de financiación de la economía española a ojos de los mercados.

El Ejecutivo exigirá a las cajas, pero también a los bancos, un nivel de capital básico --el que prueba una mayor solvencia y capacidad de absorber pérdidas-- sin precedentes, del actual 4% de sus activos ponderados por riesgo al 8%, superior al que exige la regulación internacional de solvencia Basilea III para el 2019 (7%). Y quien no lo logre antes de otoño, será nacionalizado por el Estado parcialmente.

En apariencia, el Ministerio de Economía ha optado por una decisión salomónica entre la posición del Banco de España --que, según fuentes del mercado, prefería obligar ya a todas las cajas a convertirse en fundaciones y transferir su negocio a un banco de su propiedad-- y la del sector, que se resistía a introducir cambios. Pero, en realidad, empuja a la práctica totalidad de las cajas a convertirse en bancos.

En un guiño al sector, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reiteró ayer una y otra vez que el Gobierno sigue considerando "vigentes y posibles" las cuatro opciones que brinda la reforma de la ley de cajas del pasado verano: seguir como hasta ahora, emitir cuotas participativas, u operar a través de un banco bien como cajas o bien transformándose en fundación.

Sin embargo, el Ejecutivo tiene previsto imponer requisitos de capital superiores al 8% para las cajas que no coticen (estén en bolsa) o no tengan una presencia "significativa" de inversores privados (accionistas en su banco o propietarios de cuotas participativas) y que además tengan una dependencia de los mercados mayoristas superior al 20% de su financiación. Es decir, prácticamente todas las que no se han convertido en un banco.

El capital básico medio del sistema financiero es del 8,5%, lo que indica que hay muchas entidades por debajo de ese nivel, particularmente cajas, pero también bancos. El Banco de España anunciará después del 28 de febrero --tras recibir la información del cierre del ejercicio de las entidades-- qué bancos y cajas necesitan capital adicional.

PRIORIDAD PRIVADA Según un primer cálculo de la institución gobernada por Miguel Angel Fernández Ordóñez, no se precisarán más de 20.000 millones de euros. Y eso, incluyendo la posibilidad, poco "razonable" según Salgado, de que las nuevas pruebas de resistencia a la banca europea, que se publicarán en verano, apunten necesidades de recursos adicionales a los detectadas por el Banco de España, que las entidades también tendrán que subsanar. "No quiere decir que el FROB vaya a tener que poner los 20.000 millones. El objetivo es que todo o gran parte venga de inversores privados", dijo Salgado.

Después de febrero, las entidades que no lleguen al 8% deberán presentar un plan de viabilidad y tendrán hasta otoño, en una fecha todavía por precisar, para alcanzar el nivel exigido. En septiembre, el Banco de España determinará qué entidades no tienen una "perspectiva razonable" de lograr el capital necesario en el mercado, que es la opción predilecta.

Hasta ahora la ayuda pública era en forma de préstamo, pero el Gobierno va a habilitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) para que apoye a esas entidades comprando acciones a precios de mercado. Es decir, que entrará en su capital mediante una nacionalización parcial que durará un máximo de cinco años.

Al articularse la ayuda mediante acciones, las cajas que no pasen el corte tendrán que convertirse en bancos. Las entidades deberán, además, reformar sus órganos de gobierno para facilitar que los inversores privados sustituyan cuando antes al Estado. Si alguna entidad quiere acudir al FROB antes de otoño, puede hacerlo, pero bajo las nuevas condiciones.

La vicepresidenta apuntó que el plan del Gobierno va a obligar a reformar la ley de recursos propios de la banca y la del FROB, pero solo supondrá "algún retoque" en la ley de las cajas (LORCA), en contra de lo que se había especulado. El Consejo de Ministros aprobará un decreto ley "a lo largo de febrero". Salgado apuntó que ya ha contactado con "varios" grupos parlamentarios y que tiene previsto hacerlo con las patronales de las cajas (CECA) y los bancos (AEB), para intentar lograr el máximo consenso para sacar adelante su plan.