El Gobierno denegó ayer el indulto pedido por los empresarios y financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos , porque no ha encontrado ninguna razón que justifique la concesión de la medida de gracia.
Esa decisión no implica que Los Albertos tengan que ingresar en prisión, ya que el Tribunal Constitucional suspendió en julio pasado el cumplimiento de los tres años y cuatro meses de cárcel a que habían sido condenados por el Tribunal Supremo en el caso Urbanor . En el mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid ya había frenado el ingreso en prisión hasta que se resolviera el indulto.
El Constitucional no paralizó la ejecución de la indemnización a que fueron condenados Cortina y Alcocer, que suma 25 millones de euros (4.160 millones de pesetas) más los intereses legales que duplican esa cifra.
El ministro de Justicia, José María Michavila, propuso la denegación del indulto al Gobierno tras asumir las conclusiones del expediente. El informe sostiene que "no se ha encontrado ninguna razón de justicia, equidad, utilidad pública u otras razones de tipo jurídico o material que justifiquen la concesión del indulto". Esos criterios habían sido expuestos por el Supremo y por la fiscalía.
Tras esta decisión, Cortina y Alcocer tendrán que esperar hasta que el Constitucional resuelva su demanda de amparo. El alto tribunal decidió revisar la condena en julio y en estos momentos espera conocer la opinión de los perjudicados para dictar sentencia. Esa resolución podría conocerse antes de que acabe el año.
El Constitucional resolverá si la interpretación que hizo el Supremo sobre la prescripción de los delitos fue correcta. El tribunal entendió que los delitos estaban vivos --el plazo de extinción de responsabilidad se interrumpió el 6 de enero de 1993--, ya que "aparecían datos suficientes para identificar a los presuntos culpables". La demanda, sin embargo, no fue admitida a trámite hasta unos meses más tarde.
La Audiencia de Madrid consideró que Cortina y Alcocer estafaron a sus socios al engañarles sobre el precio real de unos solares de Madrid donde se construyeron las torres KIO, pero les absolvió al aplicar la prescripción.
APLAUSO CON MATICES
Los partidos de la oposición aplaudieron ayer la decisión, si bien pusieron alguna pega. El portavoz socialista de justicia, Javier Barrero, dijo que le habría gustado que el Gobierno se pronunciara en el mismo sentido en el caso del juez Javier Gómez de Liaño. Felipe Alcaraz, de IU, entiende que el mensaje del Gobierno está trucado dado que los Albertos no irán a prisión hasta que hable el Constitucional.
