El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, afirmó hoy que en estos momentos no sería necesario elevar la edad legal de jubilación por encima de los 67 años para mantener la viabilidad del sistema público de pensiones. Así lo hizo en declaraciones a los periodistas tras participar en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado durante una sesión de más de cuatro horas en la que defendió en todo momento la necesidad de retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67, pero no más allá. Gómez también explicó que la edad legal de jubilación tras la reforma de las pensiones podría ser inferior a los 67 años para algunos colectivos de trabajadores, como aquellos que pertenecen a carreras con largos periodos de cotización de "38, 39 o 40 años" y los que desempeñan los oficios más penosos. Otras personas podrían jubilarse a los 65 años si renuncian a la pensión máxima, indicó. No obstante, prefirió no abundar más sobre estas medida y explicó que lo mejor será hablar de esos detalles en el ámbito parlamentario. Durante su intervención en el Senado, Gómez también habló de que una de las líneas principales de la reforma de las pensiones será limitar la "utilización abusiva" de las fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada. Para ello pretende que bajo ciertas condiciones no se puedan emplear estas fórmulas, y que las empresas paguen una parte de los costes que suponen estas prácticas. Aunque el ministro de Trabajo incidió en que el Gobierno quiere negociar la reforma de las pensiones con los agentes sociales y con los demás grupos parlamentarios, advirtió de que si no hay un acuerdo sobre este asunto, el Ejecutivo actuará de todas formas. Gómez justificó esta decisión al decir que "si el Gobierno no gobierna" cuando no hay diálogo, algunas personas podrían creerse que tienen derecho de veto sobre algunas decisiones. "Gobernar cuando no hay diálogo es la mejor forma de estipular que haya diálogo", insistió. También habló del fin de la ayuda de los 426 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones y explicó que su idea pasa por convertir esta medida en programas de formación que incluyan becas o ayudas al estudio para los desempleados cuya situación así lo requiera.
