Tras constatar ayer que "persisten las diferencias" entre patronal y sindicatos en torno a la negociación de la reforma laboral, el Gobierno ha optado por tomar la iniciativa. El Gobierno pondrá mañana sobre la mesa un nuevo documento de trabajo, con propuestas concretas, en el curso de una nueva reunión, mañana, con los agentes sociales. Hay una segunda y última reunión prevista, la semana próxima. Si después de estos dos encuentros no hay acuerdo, el Gobierno, a partir de ese papel, construirá una reforma laboral por decreto que sería estudiada por el Consejo de Ministros el 11 de junio, según han explicado fuentes de la negociación.

Este es el esquema con el que finalizó ayer una reunión a la que asistieron el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y los máximos representantes de UGT, CCOO y CEOE, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Gerardo Díaz Ferrán. El encuentro, discreto, finalizó a mediodía --Méndez tenía una cita en Bruselas-- con un lacónico comunicado pactado entre las partes en el que, tras constatar que "persisten las diferencias" entre las partes, se afirma que estas "entienden que todavía hay margen para el acuerdo, por lo que han decidido continuar reuniéndose en los próximos días".

EL COSTE DEL DESPIDO En los encuentros de los últimos días, tanto el ministro Corbacho como los distintos representantes del Gobierno --en alguna reunión ha participado el jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, José Enrique Serrano-- han tenido una participación "pasiva", según fuentes de la negociación. "Preguntaban, tomaban nota y constataban que las posiciones entre las dos partes eran irreconciliables".

El coste del despido es el principal escollo, según resumieron ayer tanto el responsable de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, como el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Bárcenas.

Según declaró Lezcano en CNN+, las diferencias en torno al despido se centran "en la pretensión empresarial de revisar sus causas, en la de abaratarlo o en la de generalizar el contrato de 33 días". Todas estas propuestas tienen "la misma finalidad" --añadió--, "una suerte de desprotección de derechos de los trabajadores".

MODELO AUSTRIACO Frente a esto, CCOO y UGT han planteado una alternativa para que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al que cotizan los empresarios, asuma una parte del coste del despido también en empresas de más de 25 trabajadores. La propuesta se entiende como una adaptación del modelo austriaco de indemnización por despido y fue bien recibida en su día por el presidente Zapatero, quien llegó a admitir la aportación de dinero público a este fondo.