El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, aseguró ayer que será necesaria la entrada de capital privado en Izar para evitar la desaparición de la empresa pública que gestiona los astilleros. Robles reconoció que, si no se aplica un duro plan de ajuste, la compañía entraría en quiebra "dentro de cuatro o cinco meses", al tener que devolver por orden de la Comisión Europea 1.100 millones de euros (183.025 millones de pesetas) que recibió de ayudas entre 1998 y el 2000.
El presidente de la SEPI trazó ayer un panorama dramático para los astilleros en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. Después de acusar a los anteriores gobiernos del PP de haber llevado a Izar al "empantanamiento" con su "política de huida hacia adelante y aventurismo financiero", Robles apeló a la necesidad de "adecuar el tamaño de la empresa y de su plantilla" a la realidad del mercado.
SEPARACION Las líneas maestras del plan del Gobierno se centran en la separación de los astilleros civiles (antiguos Astilleros Españoles) y militares (Bazán) para "preservar" a éstos de la crisis. Una vez consumada la escisión, la empresa civil "deberá recibir financiación privada para garantizar su supervivencia", ya que la UE prohíbe cualquier tipo de ayuda pública que no vaya destinada al cierre de las instalaciones.
Robles aseguró que ya se han recibido "algunas muestras de interés" por parte de constructores navales privados, aunque se negó a precisar con qué porcentajes del capital podrían entrar esos grupos particulares. "La idea es dar preponderancia a la actividad militar sin renunciar a la civil, aunque ésta no podrá ser tan importante como hasta ahora y pasará a ser complementaria", dijo Robles.
En este sentido, reconoció que la adaptación de la dimensión de la empresa a la demanda "supondrá una notable reducción" de su capacidad actual, cifrada en 11 centros industriales y una plantilla de 11.000 trabajadores. Para ello, se intentará "concentrar la producción" en aquellas instalaciones más rentables y modernas, a la vez que se negociará con los sindicatos "una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo" que permita "el mantenimiento del mayor número de empleos posible".
DIPUTADOS PREOCUPADOS La mayoría de los grupos parlamentarios acogieron con frialdad y escepticismo el anuncio de la privatización parcial de los astilleros. "¿Usted cree que alguna empresa va a querer entrar en la privatización de una compañía no rentable como Izar?", preguntó a Robles el representante de IU, Angel Pérez. En esa misma línea, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, pidió al Gobierno que ofrezca "incentivos" a las empresas privadas para estimular la adquisición de los astilleros. Sánchez Llibre instó al Ejecutivo a presentar un recurso contra la devolución de las ayudas impuesta por la Comisión.
Esta idea fue apoyada por el portavoz del PP, Arsenio Fernández Mesa, quien proclamó la necesidad de "partirse la cara" ante la UE para defender los intereses españoles. "Izar no tiene que devolver nada porque Francia, Alemania e Italia también han dado ayudas y nosotros no podemos ir de quijotes ".
CIFRA CONTROVERTIDA Un portavoz de la Comisión Europea consideró "prematuro" afirmar que Izar deberá devolver 1.100 millones de euros. "Por ahora, son 419 millones más los intereses, porque formalmente hablando sólo hay dos casos de ayudas ilegales". No obstante, la SEPI informó el pasado lunes de un tercer expediente que declara ilegales otros 560 millones.
