El Gobierno prorrogó ayer, por segunda vez consecutiva, la ayuda de 426 euros destinada a los parados de larga duración que han agotado la prestación por desempleo. La prórroga se acordó en el Congreso el 20 de julio y se aprobará el próximo viernes, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.

Se beneficiarán de la ayuda los desempleados menores de 65 años que hayan extinguido las prestaciones contributivas y los subsidios de empleo entre el 16 de febrero y el 15 de agosto pasados, y que no percibieron los 426 euros en la primera fase. Se limita a rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (474,98 euros). Hasta finales de julio, 570.000 personas recibieron la ayuda.

Esta prestación, que fue aprobada el pasado agosto, fue objeto de polémica en mayo, cuando la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, se mostró partidaria de estudiar "si procede o no" mantenerla. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, descartó luego que el Gobierno se planteara retirar la ayuda.

El aumento de las empresas insolventes o en concurso de acreedores repercutió en otro tipo de prestaciones, en este caso del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que garantiza el pago de las indemnizaciones y los salarios. Según datos de Trabajo, el Fogasa destinó 779,6 millones en prestaciones hasta julio, el 66,86% más que en el mismo periodo del 2009. La mayor cuantía (604,7 millones) fue para el pago de indemnizaciones, y el resto, para salarios. La Comunidad Valenciana fue la autonomía que más dinero recibió del Fogasa (185,8 millones de euros).