La presencia del Estado español ha desaparecido prácticamente del accionariado de todas las empresas importantes que en su día fueron públicas. La inminente derogación de la acción de oro del Estado --que otorga a la Gobierno capacidad de veto independientemente de cuál sea su participación-- en Iberia, Telefónica y Endesa (la de Repsol venció el pasado 6 de febrero) supone la abolición de uno de los últimos vestigios de control de los sectores estratégicos que conservaba el Gobierno español.
Tras el ingente proceso de privatizaciones de los últimos 20 años, que se aceleró entre 1996 y el 2003, y la progresiva liberalización de los sectores regulados (energía, telecomunicaciones, transporte, etcétera), el Gobierno parece haber caído en la cuenta de que España se ha pasado al ir más lejos que muchos socios europeos en las privatizaciones y liberalizaciones.
La oferta de compra de Endesa por parte de la alemana E.ON, que competirá con la presentada por Gas Natural, ha supuesto un aldabonazo para el Gobierno español. El Ejecutivo está dispuesto a dar una cierta marcha atrás y a recuperar una mayor capacidad de intervención en sectores estratégicos como el de la energía. Otros países, como Francia lo hacen y la tendencia de nacionalismo económico en aras a la creación de campeones nacionales ha provocado la intervención de la Comisión Europea.
ESCUDO DEL PP El único escudo existente en la actualidad para frenar entradas extranjeras indeseadas fue diseñado por el exvicepresidente económico Rodrigo Rato (PP), hoy director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas se hicieron para limitar la presencia en el sector energético español de empresas extranjeras bajo control público. La disposición, denominada anti EDF, por la eléctrica francesa de mayoría pública, pretendía frenar las aspiraciones de la estatal francesa en Hidrocantábrico.
El Estado español sólo tiene una mínima presencia del 2,95% en el capital de Endesa y es bien conocida su intención de deshacerse de ella. Frente a esto, la presencia del Estado en las primeras compañías energéticas de Francia (EDF), Italia (Enel), Alemania (RWE), o Portugal (EDP) resulta abrumadora. De ahí que el Gobierno español busque recuperar margen de maniobra y, en el caso de la energía, lo ha hecho con el reforzamiento de las facultades de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Tras el decreto aprobado contrarreloj por parte del Consejo de Ministros, el pasado 24 de febrero, la CNE ha ganado un poder casi ilimitado para autorizar o denegar una operación empresarial en aras del "interés general" y del carácter "estratégico" de sus actividades.
La pregunta ahora es si esta situación se podría reproducir, por ejemplo, en el caso de Telefónica. Izquierda Unida ha solicitado un debate para definir qué sectores deben ser considerados estratégicos y tener, por ello, una protección especial.
La reciente venta de empresas españolas como Auna, Ono, Talgo o Alsa a firmas extranjeras no ha tenido obstáculos del Gobierno. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, sólo ha expresado recelos ante la OPA de la anglo- india Mittal sobre Arcelor, heredera de la antigua Aceralia.
En la actualidad, la presencia del Estado en el sector público se canaliza a través de la Sociedad Estatal de Participaciones del Estado (SEPI). Tras el intenso proceso de privatizaciones llevado a cabo durante los mandatos del PP en el periodo 1996-2003 --que abarcó a 50 empresas -- sólo 23 compañías, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, quedan en la órbita de la SEPI.
