La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anunció ayer que el Gobierno elevará el objetivo de déficit público al 2,7% del PIB este año y al 1,8% en el 2019, frente a las previsiones del 2,2% y del 1,3% que estimaba el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy. Así lo anunció ayer en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en la que aseguró que la senda de reducción del déficit del antiguo Gobierno «no era realista». Con esta operación, el Gobierno español gana un margen de gasto de unos 6.000 millones de euros.

«Por tanto, si nos empeñamos en mantener el objetivo de nuestros predecesores, estaríamos obligados a adoptar medidas de ajuste de gran magnitud», añadió Calviño, que comunicó esta nueva senda de consolidación fiscal al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, en una reunión bilateral mantenida ayer .

El encuentro, explicó Calviño, fue «extremadamente constructivo» y en el mismo se le transmitió que la revisión en la senda de déficit «permite mantener los compromisos de estabilidad presupuestaria» en un «escenario realista» y «atender a la necesidad de crear empleo».

Evitar «ajustes perjudiciales» /La ministra afirmó que de «empeñarse» en mantener los objetivos de sus predecesores, el Gobierno estaría «obligado a hacer ajustes de gran magnitud» que serían «tremendamente perjudiciales» para la recuperación económica. El año próximo, puntualizó, se podrían perder «entre cuatro y cinco décimas» de crecimiento y «sufriría» la creación de empleo.

Sobre la respuesta del comisario, Calviño señaló que la opinión del Ejecutivo comunitario llegará cuando se presente el borrador del presupuesto para el 2019 en otoño. A partir de esta nueva senda, explicó la ministra, el Gobierno avanzará en la preparación del techo de gasto para el 2019 y, tras consultar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, preparará los presupuestos para el año próximo.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha propuesto como objetivo equilibrar las cuentas de la Seguridad Social en el plazo de cinco años, «de aquí al 2022 o el 2023», de modo que cuando la generación del baby boom llegue a la jubilación entre el 2030 y el 2050 «tengamos un sistema lo más saneado posible». Y pretende hacerlo allegando más ingresos al sistema con los que financiar unas prestaciones que la ministra Valerio no renuncia a mejorar.

Pacto de Toledo / Estos son los objetivos a los que se refirió ayer la nueva responsable de Trabajo durante su primera comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, que lleva más de año y medio trabajando en una nueva reforma del sistema público de pensiones. «Nos queda mucho camino para renovar por tercera vez el Pacto Toledo», empezó diciendo la ministra, ya que, desde su punto de vista, el Gobierno anterior «remó en contra» del sistema público del seguro.

Sin aportar grandes concreciones, la ministra se limitó ayer a exponer el punto de vista general con que el nuevo Gobierno aborda el reto de la reforma: «La estabilidad financiera debe conseguirse desde el lado de los ingresos y no solo desde el lado de los gastos». En esta línea está la intención del Gobierno de poner en marcha nuevos tributos sobre el sector financiero o los servicios digitales (la conocida como tasa Google).

La ministra de Trabajo también consideró oportuno «estudiar» también alguna fórmula de «destope» de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social que permita una mayor contribución de los salarios más elevados a la Tesorería de las pensiones públicas. «Hay que reforzar el equilibrio financiero del sistema, pero en ningún caso a costa de una merma del gasto en pensiones ni de la cuantía de las mismas», remachó con contundencia la ministra.