El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, impidió que ayer se cerrara el proceso judicial por la descapitalización de Grand Tibidabo, al defender que se juzgue a cinco imputados, entre ellos al financiero Javier de la Rosa, por un presunto fraude a Hacienda. Los fiscales anticorrupción sí que oficializaron el acuerdo al que llegaron el viernes con los abogados defensores y por el que De la Rosa y otros cinco imputados admiten la apropiación indebida de 68 millones de euros, a la vez que se les rebaja sustancialmente la petición de pena.
Nada más iniciarse el juicio en la Audiencia de Barcelona, los fiscales anticorrupción Emili Sánchez Ulled y David Martínez Madero anunciaron que habían llegado a un principio de acuerdo extraprocesal ante la posible conformidad de los acusados, por lo que modificaban su escrito de acusación inicial del año 2000. El cambio es sustancial. De la Rosa se enfrentaba a 13 años de prisión y ahora a solo tres, el mismo castigo que puede recibir una persona condenada por robo con intimidación.
De esa rebaja también se benefician Manuel Prado y Colón de Carvajal, exvicepresidente de Grand Tibidabo; Joan Cruells, director general y luego presidente de la compañía; Florencio Cerdá, que fue presidente del Consorcio Nacional de Leasing (CNL); Arturo Piñana Bó, vinculado a sociedades de De la Rosa; y el empresario Ramón Fité. Para ellos, los fiscales piden penas de un año a seis meses de prisión.
Los fiscales aprecian ahora dos atenuantes: la reparación parcial del daño, y las dilaciones indebidas en una investigación que se inició hace 13 años y por unas apropiaciones que se empezaron a maquinar en 1991. Su nuevo escrito de acusación detalla que "han sido constatados esfuerzos conducentes a la reparación del perjuicio causado con las actividades delictivas". Destacan la entrega por parte de las sociedades patrimoniales controladas por De la Rosa y sus colaboradores de un "volumen relevante de acciones y de otros bienes".
Todos los abogados defensores se adhirieron a la nueva petición de la fiscalía, al igual que los letrados de las siete acusaciones particulares, que representan a parte de los 10.500 accionistas perjudicados. La tarea de ayer consistía en corroborar el acuerdo con la fiscalía, que deberá ser refrendado por cada acusado. Este trámite se hará en enero, cuando se reanude la vista.
LOS AFECTADOS "Parece que en este país, a quien roba le sale gratis. Es culpa de todos consentir que un procedimiento de 1994, por unos hechos de 1991, llegue a juicio en el 2007", dijo el abogado de la acusación Javier Bruna. Pese a su indignación, explicó que el pacto es lo mejor para los accionistas. Con una sentencia favorable, los perjudicados podrán reclamar por la vía civil y conseguir la liberación de los 13 millones bloqueados en el proceso concursal de la firma.
