Iberdrola ha pasado al contrataque. La primera eléctrica española reclamó ayer a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que impida de forma provisional a ACS ampliar "directa o indirectamente" su participación en la compañía (actualmente tiene el 7,774% directo y otro 5,205% en derivados) hasta un nivel que le permita "ejercer una influencia decisiva en la misma o que exceda del 10% del capital".
La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán pretende que la constructora no refuerce su posición en el capital para mejorar las posibilidades de éxito de una futura opa concertada con la francesa EDF. De hecho, Iberdrola ha pedido al regulador que abra un expediente para revocar el permiso que concedió a ACS en noviembre del 2006, según el cual la empresa de Florentino Pérez puede aumentar su participación hasta el 24,99%.
La eléctrica con sede en Bilbao también ha instado a la CNE a impedir de forma cautelar a ACS que ejerza sus derechos de voto en Iberdrola por encima del 3%. Ese es el límite general que estipula la legislación cuando una empresa participa en dos compañías principales que pertenecen a un mismo sector.
ACS tiene el 45,306% de Unión Fenosa, pero la norma admite excepciones. En febrero del 2007, el supervisor permitió con condiciones a la constructora ejercer sus derechos libremente en asuntos que no afectasen a la "estrategia competitiva" de Iberdrola. En la práctica, están limitados al 10%, que es el tope que fijan los estatutos de la eléctrica.
LETRA Y ESPIRITU La compañía española estima que las "negociaciones" con la francesa EDF han supuesto un incumplimiento del espíritu de los dos permisos. Iberdrola entiende que la CNE los concedió a ACS sobre la base de que su intención era "crear un núcleo accionarial estable, de carácter nacional, que respalde plenamente la gestión" del equipo directivo y sin propósito de "adquirir una influencia decisiva o de control".
Se trata de una cuestión de fondo, ya que la constructora no ha incumplido la letra de las condiciones que le impuso la CNE. El regulador le obligó a apoyar la política de inversiones de Iberdrola, comunicar los cambios en su participación, y someterse a un nuevo examen si adquiría una "influencia decisiva" en la eléctrica o integraba a Fenosa en su grupo (más del 50% de su capital o de los consejeros).
LAS CONDICIONES ACS tampoco puede "adoptar ningún pacto de participación recíproca en el capital o en los derechos de voto" con otros accionistas, ni pactar el impulso o bloqueo de "acuerdos sociales en la junta", un punto clave de cara a una eventual votación sobre los blindajes.
Desde que la semana pasada saltó a la palestra la noticia de que ACS y EDF mantenían negociaciones con el fin de estudiar la posible compra y posterior desmembramiento de la eléctrica Iberdrola, se dispararon en el mercado los rumores y las especulaciones sobre posibles operaciones corporativas a múltiples bandas. "Todas las empresas tienen hechas todas las combinaciones con todos: todos hablan con todos", refrendaron fuentes de una de las compañías que más aparecen en las quinielas.
EDF confirmó ayer esta aseveración al comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sus contactos con ACS son "meramente exploratorios". Todas las posibilidades están abiertas.
