El céntimo sanitario, el impuesto cobrado por las CCAA a los consumidores por la compra de carburante, ha sido aplicado en algún momento desde 2002 por trece de ellas para financiar la sanidad y de manera desigual un recargo de entre 1 y 4,8 céntimos por litro. El origen de esta medida se remonta a 2001, cuando se diseñó un nuevo modelo de gestión que introducía un tributo sobre ventas minoristas de hidrocarburos para financiar los servicios sanitarios. En vigor desde el 1 de enero de 2002, esta tasa incluía una parte estatal obligatoria y la posibilidad de añadir otro tramo voluntario de carácter autonómico. El céntimo sanitario fue aplicado por Madrid desde el 1 de agosto de 2002, Asturias y Galicia, desde enero de 2004 y Cataluña, desde agosto de 2004. Posteriormente, y a consecuencia de la crisis económica, fueron sumándose la mayor parte de las regiones. Sólo Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias no lo aplicaron. La medida es impopular, ya que repercute en el consumidor final y se registraron descensos de consumo de carburantes en varias regiones que lo habían instaurado.
