La brutal escalada del petróleo está impactando de tal manera a la economía --ha contribuido a elevar la inflación al 5,1% y el déficit comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) hasta el 4,7% del PIB-- que el Gobierno se ha visto obligado a tratar de reducir de forma "urgente" su consumo. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer que el Ejecutivo aprobará antes del verano un plan para recortar la dependencia del crudo el 10% en dos años, lo que supondría un ahorro de 5.000 millones de euros.

El Gobierno pretende reducir la cada vez mayor factura petrolera española. Hace un mes, con el barril 10 dólares más barato, Sebastián calculó que ya había aumentado en 16.000 millones de euros en lo que iba de año.

España es uno de los socios europeos más golpeados por la crisis del petróleo, ya que importa mucha más energía que el resto (alrededor del 80%, frente a una media comunitaria que ronda el 50%). El país importará este año 435 millones de barriles y la iniciativa pretende evitar la compra de entre 43 y 44 millones.

FINANCIACION COMPLEJA Industria pretende aprobar el plan mediante un real decreto en uno de los cuatro consejos de ministros antes de las vacaciones. Sebastián explicó que se centrará en los sectores residencial, comercial, energético y de transportes, pero evitó precisar las medidas concretas.

El objetivo es que las medidas del Plan Nacional de Ahorro Energético sean "más eficaces y contundentes" que las contenidas en el actual plan de acción de eficiencia y ahorro energético 2008-2012, al que "reforzará, complementará y acelerará".

Uno de los dilemas que debe resolver Industria es la financiación del plan. En la actual estrategia hasta el 2012, el sector privado asumía el 89,3% de los 22.185 millones que se preveía desembolsar, y el Estado aportaba 2.367 millones para incentivar inversiones. El Gobierno puede verse obligado a mejorar las ayudas si constata que las empresas y los ciudadanos no están dispuestos a incrementar el gasto en un momento de crisis.

TARIFA ELECTRICA El problema es que el 59% de la aportación pública proviene de la tarifa eléctrica, con lo que incrementar los incentivos provocaría un aumento del déficit tarifario (diferencia entre los ingresos y los gastos que perciben las compañías por prestar el servicio). La otra opción es que lo asuma el Estado, lo que aumentaría el gasto público, a no ser que se articulase mediante préstamos blandos del ICO, que no computan como gasto.