Cables pelados, enchufes parcheados o anticuados... Los fabricantes de material eléctrico, los instaladores e industrias vinculadas estiman que alrededor de dos tercios de las viviendas españolas (unos 15 millones) requieren reformas en sus instalaciones por motivos de seguridad y de eficiencia energética. Consideran que el Gobierno debería estimular estas actuaciones, como lo ha hecho con las fachadas de los edificios o se hace con las revisiones periódicas del gas. El sector calcula que todo ello generaría una actividad de unos 40.000 millones de euros para unas 26.000 empresas (más de 20.000 pequeños instaladores) y más de 180.000 empleos afectados por el desplome de la construcción.

Estas empresas, integradas desde el 2003 en la Plataforma para la Rehabilitación de las Instalaciones Eléctricas (Prie), entienden que las administraciones deberían apoyarles, como lo hacen con el automóvil.

AHORRO EN LA FACTURA Y no solo por una cuestión de seguridad, sino porque se podrían ahorrar unos 2.400 millones de euros en la factura anual de los hogares, a partir de cifras del Ministerio de Medio Ambiente que incluyen pequeñas medidas de eficiencia, dice Enrique Valer, director general de Schneider Electric Ibérica y presidente de la comisión de mercado de la patronal de fabricantes de material eléctrico (AFME).

De los 15 millones de viviendas que requerirían revisiones y reformas de instalaciones, alrededor de siete millones son inseguras pero en un grado menor y su problemática se podría solventar con una inversión media de unos 1.000 euros. Otros ocho millones son viviendas "muy inseguras" y requerirían actuaciones por un valor medio de 3.500 a 4.000 euros. Un portavoz de Fenie, que agrupa a más de 15.000 empresas instaladoras en España, recuerda que se producen unos 7.000 incendios por causas eléctricas y, en cambio "no existe la percepción de que sea necesario revisar las instalaciones eléctricas, ni tampoco la obligatoriedad como con la ITV de los coches o las revisiones del gas".

En la actualidad, todas las autonomías, excepto de Canarias, cuentan con subvenciones de este tipo. Pero son sumas muy pequeñas que cubren una parte poco significativa de la inversión necesaria, recuerdan en Fenie. "Las administraciones son reacias a establecer revisiones obligatorias y medidas que tienen un coste para el ciudadano", señalan. Enrique Valer explica que, tras constatar que el argumento de la seguridad calaba poco, el sector optó por resaltar la eficiencia. "Malas instalaciones no suponen solo inseguridad, sino ineficiencia" y derroche.

La plataforma que defiende un plan o medidas específicas para estimular la revisión y reformas de las instalaciones eléctricas no incluye solo a los fabricantes de material eléctrico (AFME) o los instaladores (Fenie), sino a los distribuidores de material eléctrico (Adime), los productores de cobre (Cedic) y los de cables (Facel).

Fuentes de Fenie admiten que sus propuestas van dirigidas a combinar la mejora de la seguridad en los hogares y la eficiencia energética, pero también a aumentar la actividad de una industria que factura en conjunto 30.000 millones y que sufrió una caída del 30% el año pasado.

La mejora de instalaciones, estimada en unos 40.000 millones de euros, aplicable durante un largo periodo de tiempo, permitiría amortizar las inversiones en dos años gracias al ahorro generado por la reducción del consumo, según el sector.