Las cifras, opina el Gobierno, son contundentes. Las instalaciones de energía solar fotovoltaica existentes en estos momentos en España suman ya una potencia instalada de 1.000 megavatios (Mw). El objetivo que se había trazado el Ministerio de Industria era otro bien diferente: alcanzar los 371 Mw en el 2010. Lo sucedido con esta energía alternativa es una expansión desenfrenada que se está acelerando en los últimos meses y que añadirá 500 Mw antes de que acabe septiembre. La razón de esta carrera es de peso: el día 29 de ese mes entra en vigor la nueva regulación de las instalaciones fotovoltaicas, cuya primera consecuencia será un fuerte recorte en la remuneración que reciben los productores por kilowatio aportado a la red.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, acaba de informar a las autonomías de que va a reducir la actual prima de 45 euros por megavatio y hora a 33 euros para las instalaciones en las cubiertas de edificios (lo que representa un 26% menos) y a 29 euros para las de suelo (un 35% de reducción). Además, también se va a establecer por primera vez un cupo a la apertura de estos centros de producción de energía procedente del sol y únicamente se podrán construir 300 Mw nuevos cada año, de los que 100 Mw serán de instalaciones de suelo y 200 Mw de las que se ubican en tejados.
El problema de fondo es que la expansión de las huertos solares ha superado todas las expectativas, con el consiguiente impacto económico. Así, unas instalaciones que solo aportan el 0,7% de la producción eléctrica recibirán este año 800 millones en primas. Esa cifra supone el 32% del total de incentivos que perciben las diferentes energías renovables que se producen en el país.
El Ministerio de Industria ha establecido un sistema para recortar las primas hasta el 10% cada año. Los 300 Mw que se instalarán cada ejercicio se adjudicarán trimestralmente a las primeras empresas que se apunten a un registro. Si este registro queda completo, el ministerio aplicará un recorte del 2,5% a las primas del trimestre siguiente. En función de estas reducciones, la cantidad de instalaciones a adjudicar para el año posterior podría variar, con lo que el Gobierno prevé un aumento de la potencia instalada de entre 400 y 800 Mw para el 2020.
El secretario general de Energía, Pedro Marín, prevé que el nuevo marco aporte un ahorro a las arcas públicas de unos 630 millones. Con el vigente, estima, se instalarían 1.000 Mw nuevos en el 2009, con lo que la partida de la tarifa eléctrica que se destina a primas fotovoltaicas se duplicaría y ampliaría aún más el denominado déficit tarifario (diferencia entre los costes de las compañías eléctricas y la remuneración que reciben, que ronda ya los 14.000 millones).
Industria calcula que la factura de la luz tendría que subir el 4% hasta el 2020 si se mantuviese el actual sistema, pese a que la contribución fotovoltaica a la generación solo mejoraría hasta el 2,5% del total de electricidad producida. También le preocupa el impacto que esta industria tiene sobre la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones). Los datos son contundentes: el 80% de las placas receptoras de luz solar instaladas provienen del exterior.
LOS AFECTADOS Las empresas, lógicamente, no lo ven así. La patronal Asif ha pedido al Gobierno que deje construir plantas solares con capacidad de producir 600 Mw al año para no llevar al sector a una "parálisis" que provocaría pérdidas de 450 millones de euros y dejaría en el aire unos 4.000 millones en inversiones que no se llevarían a cabo. La asociación AEF --una escisión de la anterior, formada por las grandes compañías-- es más negativa y estima que los planes del Gobierno supondrán la destrucción de 40.000 empleos y la pérdida de 16.000 millones de inversiones.
