Desde su toma de posesión como ministro de Industria hace más de dos años, Miguel Sebastián viene reiterando su intención de reformar la tarifa eléctrica para moderar las subidas del recibo. El jueves, por fin, llegó el día señalado. El Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas que suponen recortar los costes del sistema eléctrico que se pagan con los precios de la luz en 4.616 millones de euros hasta el año 2013.
La iniciativa, eso sí, no afectará a la subida de este mes de enero, que podría rondar el 10% y que el Ejecutivo decidirá el próximo lunes. La tarifa eléctrica incluye tres componentes: el coste de producir la energía (que se fija mediante una subasta cuya transparencia es muy discutida), los llamados peajes o tarifas de acceso (con que se paga el mantenimiento y uso de la red y otros componentes especiales, como las primas a las renovables o los costes de la nuclear) y los impuestos.
Lo que ha reformado el Gobierno son los peajes. Hasta ahora solo los pagaban los consumidores, pero las empresas de generación van a tener que abonarlos también (0,5 euros el megavatio a la hora, es decir, 453 millones en los tres próximos años). Las eléctricas tradicionales también van a tener que financiar el bono social --congelación de la luz para contratos de menos de 3 KW en primeras viviendas, pensionistas con cuantías mínimas en la prestación, familias numerosas y hogares con todos los miembros en paro-- hasta el final del 2013, y no hasta mediados de ese año, como estaba previsto (150 millones adicionales). Además, tendrán que pagar el plan público de ahorro y eficiencia energética, que incluye, por ejemplo, subvenciones para la rehabilitación de edificios o la sustitución de electrodomésticos (670 millones en tres años).
ESFUERZO REPARTIDO Las compañías de generación tradicional cargan sobre sus espaldas, así, con unos 1.273 millones del ahorro del que se beneficiarán los consumidores. El mayor esfuerzo, con todo, lo soportarán las renovables. El Consejo de Ministros aprobó recortar las horas en que pueden funcionar las plantas fotovoltaicas con derecho a cobrar una subvención (2.200 millones de euros hasta el 2013).
Para compensarlas, amplió de 25 a 28 años el periodo en que tienen derecho a cobrar la prima. Es una medida similar a la aprobada hace unas semanas para la eólica (232 millones) y la termosolar (891 millones). Las jugosas subvenciones y el sustancial recorte de los costes de montar una planta han provocado que las renovables se disparen en los últimos años. El problema que quiere solventar el Gobierno con estas iniciativas es paliar que estos incentivos económicos disparen la tarifa.
La reforma tiene por objetivo final cumplir el compromiso de acabar en el año 2013 con el déficit de tarifa eléctrica: la diferencia estructural que suponen unos ingresos del sistema menores que los costes.
