Las compañías eléctricas tendrán que apretarse el cinturón porque Industria quiere modificar el sistema de pagos por garantía de potencia y, en la práctica, eso puede suponer que los alrededor de 1.200 millones que cobran las empresas al año por tener instalaciones listas para hacer frente solo a momentos de máxima demanda queden reducidos a unos 400 millones de euros.
La reforma de los llamados "pagos por garantía de potencia" figura en la propuesta de orden ministerial de tarifas eléctricas que el Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y, como es de esperar, no ha gustado nada a la patronal eléctrica Unesa, que se dispone a negociar con el Gobierno una solución intermedia.
El sistema de pagos por garantía de potencia nació con la ley eléctrica de 1998, cuando era ministro de Industria Josep Piqué (PP). Su objetivo es compensar a las compañías por tener instalaciones de generación en exceso (sobrecapacidad), pero a punto y en perfecto estado de mantenimiento para poder ponerse en marcha de forma inmediata en momentos de demanda punta y evitar apagones.
En la actualidad, los momentos de demanda punta se sitúan en enero y febrero (los de más frío) y en julio (por el aire acondicionado). Si en esos meses no hay generadores en reserva, surgen los temidos apagones en los momentos de máxima demanda. No fue el caso de los apagones de julio en Barcelona, donde los problemas no surgieron en la generación, sino en las fases de transporte y distribución.
El actual equipo de Industria considera que el sistema de pagos por garantía de potencia "es muy caro y no es eficiente", según fuentes del departamento que dirige Joan Clos. De ahí la reforma del mecanismo que, a partir de ahora, se llamará "pagos por capacidad".
PAGOS POR HORAS El principal cambio propuesto es que las compañías no cobren por el exceso de capacidad durante todo el año, sino solo durante las horas y los periodos considerados de demanda punta, en enero, febrero y julio. Además, se endurece el sistema de penalización. Una compañía podría perder los pagos de todo el año más un 10% (el 110%). Industria cree que, con estos cambios, se ahorrará un mínimo de 800 millones al año. Para Unesa, el modelo "es muy intervencionista" y no concuerda "con la línea de libre contratación".
