El 14,79% de las viviendas españolas de uso familiar está desocupado, puesto que, de los 20,94 millones de pisos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 3,1 millones se consideran vacíos.

Según los últimos datos del INE sobre el Censo de Población y Viviendas 2001, el 55,2% de las viviendas vacías que hay en España es de particulares (1,71 millones); el 43,6% de comunidades de vecinos --concepto que agrupa pisos propiedad de compañías inmobiliarias y los que en el momento de la encuesta estaban a la venta-- (1,35 millones); el 0,83% tiene como titulares a empresas; y el 0,015% pertenece a las diferentes Administraciones públicas.

Las provincias que más viviendas vacías acumulan son Barcelona (con 307.859), Madrid (306.556) y Valencia (208.064), mientras que la de menos inmuebles desocupados son Ceuta (2.817), Melilla (3.687), Alava (10.527) y Teruel (10.980). Estos datos subrayan que son precisamente las zonas de España donde más han subido los precios --también son las más pobladas-- en las que hay mayor estoc de pisos desocupados.

UN CONCEPTO POR DEFINIR Estos datos corroboran otros estudios anteriores elaborados por el INE que apuntaban en la misma dirección y que vienen a sustentar los análisis sobre la evolución del precio de la vivienda en España, que inciden en la importancia de la inversión especulativa como uno de los factores que han contribuido al boom inmobiliario experimentado en los últimos años.

Casi el 15% de las viviendas españolas permanecen a la espera de volver a salir al mercado sin que sus propietarios las pongan en alquiler. La inseguridad que genera la legislación española en esta materia, la lentitud de la justicia en casos de incumplimiento de contrato y la elevada rentabilidad de la compra-venta hace que los inversores opten por no ponerlas en el mercado de alquiler.

El Gobierno del Partido Popular siempre ha cuestionado estas cifras, entre otras razones porque legalmente todavía no se ha establecido qué es una vivienda vacía. Es el concepto que debe acuñarse para que los ayuntamientos puedan determinar cómo pueden penalizar a sus propietarios a través del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Algunos consistorios, como el de Madrid tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la alcaldía, han anunciado su propósito de incrementar hasta en un 50% el impuesto para castigar a los especuladores y favorecer así el mercado del alquiler.