La incorporación de más 5,2 millones de inmigrantes a la población española está teniendo efectos benéficos para las cuentas de la Seguridad Social, a corto plazo. Las cotizaciones de los trabajadores inmigrantes (algo más de dos millones) permitirán "ganar siete años" en el momento en que el sistema podría tener "problemas de sostenibilidad", que se pospone al 2032, según el estudio Efectos económicos de la inmigración en España que ayer difundió la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Según este informe , las cotizaciones de los trabajadores inmigrantes permitirán desplazar desde el 2025 al 2032 el momento en el que el gasto en pensiones superará a los ingresos. Con un problema añadido, y es que, para entonces, la jubilación de la actual población inmigrante se sumará a la de la generación del baby boom (de la década de los sesenta). El problema se retrasa, pero será más intenso.

REFORMAS Según Fedea, en el 2031, el gasto en pensiones representará el 9,33% del PIB, mientras que los ingresos solo serán del 8,86%. Para el 2051, se calcula un desfase de casi el 8% del PIB. El informe concluye que la inmigración está dando más tiempo "para adaptar el sistema de seguridad social a la realidad demográfica". O, lo que es lo mismo, para hacer reformas.