El sector inmobiliario será objeto de atención prioritaria en las actuaciones de la inspección de Hacienda previstas para este año. El director general de la Agencia Estatal Tributaria, Salvador Ruiz-Gallud, explicó ayer que se vigilarán "todas las fases" que intervienen en el negocio inmobiliario, desde la recalificación del terreno y la urbanización hasta la construcción y la venta de inmuebles.
También se controlará la subcontratación de obras y trabajos y las industrias auxiliares de la construcción. Además, los inspectores vigilarán la explotación de patrimonios inmobiliarios. Ruiz-Gallud dijo que se pondrá especial atención sobre las plusvalías por la recalificación de solares.
Las prioridades de control de la Agencia Tributaria están descritas en la resolución que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado.
El sector financiero, las tramas de fraude --sobre todo, las del IVA--, las sociedades de profesionales, los negocios con facturación entre 3 y 6 millones (entre 500 y 1.000 millones de pesetas), las rifas y loterías ilegales, la matriculación de buques de recreo, la importación de vehículos de lujo y la piratería audiovisual completan las prioridades de la inspección fiscal para el 2003.
PARAISOS FISCALES
Dentro del sector financiero, se vigilarán las operaciones con paraísos fiscales, las sociedades interpuestas, el uso abusivo del mercado de valores y las cuentas de ciudadanos no residentes.
Parte de los contribuyentes que serán objeto de inspección ha surgido de los datos obtenidos desde la segunda mitad del 2001, cuando se inició una campaña intensiva de control para detectar el blanqueo de dinero en vísperas de la introducción del euro.
Como resultado de aquella campaña se obtuvieron más de 100.000 registros, sobre, aproximadamente, otros tantos contribuyentes. Una campaña posterior, en el verano pasado --centrada en alojamientos vacacionales, hostelería y amarres de yates de lujo--, ha aportado otros 221.000 registros (100.000 de ellos, sobre operaciones inmobiliarias).
Las primeras inspecciones han permitido levantar un fraude medio de 7.000 euros (1.16 millones de pesetas) por contribuyente.
El plan también incluye medidas especiales contra la piratería audiovisual.
