Comprar fincas o pisos en los que hay inquilinos que pagan rentas bajas o por debajo del mercado se ha convertido en una práctica muy extendida entre inversores particulares y sociedades que buscan en el sector inmobiliario una rentabilidad que el resto del mercado les niega. Esta práctica la facilita la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que fijó vencimientos para los contratos de renta antigua de viviendas y locales en plazos que oscilan entre el 2000 y el 2015. En este mar revuelto prodiga el acoso a inquilinos con escasos recursos para que desistan de sus contratos.
Las compras pueden realizarse a precios hasta el 50% más bajos que los de mercado, por soportar un inquilino que paga una renta desfasada en una finca que requiere reformas profundas, pero bien situada. A más plazo de duración del contrato de alquiler, el precio de venta es más bajo. Esta es una de las ventajas de lo que en la construcción se conoce como edificio con bicho dentro.
PARA LOS HIJOS
El abogado Oscar de Santiago confirma que muchos inversores se dedican al negocio. Incluso los hay que compran pisos ocupados para que sean de sus hijos en el futuro, según la empresa de rehabilitación Restaura. El precio de hoy es muy inferior al de dentro de cinco o 10 años.
En el caso de las compañías con un enfoque empresarial, como Restaura o Renta Antigua, el proceso consiste en adquirir una finca completa, rehabilitar sus elementos comunes y vender las viviendas. "Los pisos siempre se ofrecen primero a los inquilinos, que son el primer objetivo, e incluso a sus familiares, a precios más bajos que a nadie. Pasados tres meses, si no les interesa, se venden a un tercero", explica Marta Fernández, de Restaura.
PLUSVALIA RAPIDA
En el caso del inversor, o de algunas inmobiliarias que aprovechan el boom para sacar la máxima tajada lo más rápido posible, la opción es adquirir pisos con inquilinos con pocos recursos. Luego les acosan con tretas para que abandonen el inmueble y así alquilar con rentas elevadas o vender con buenas plusvalías, explican fuentes del sector. Entre los afectados hay "inmigrantes en situación irregular que no denuncian por miedo", explican fuentes de una organización de consumidores, quien alerta de que tras este negocio se maneja mucho dinero negro.
VENCIMIENTO DE CONTRATOS
Cientos de contratos de alquiler de renta antigua --anteriores al decreto Boyer de 1985-- vencen este año al haber rechazado sus titulares la actualización con la entrada en vigor de la ley de arrendamientos urbanos en enero de 1995. Apenas hay datos oficiales sobre el impacto de esta medida, ya que son contratos privados entre arrendador y arrendatario, pero sí que hay estimaciones. Algunas fuentes cifran en casi 100.000 los contratos de este tipo en toda España.
Oscar de Santiago dice que desde 1995 ha habido muchos pactos entre propietarios e inquilinos para adecuar de forma progresiva las rentas o bien resoluciones de contrato a cambio de una indemnización.
