El juez Santiago Pedraz espera un informe de los peritos antes de decidir a qué personas imputa por un delito fiscal por haber evadido dinero a Liechtenstein. Fuentes jurídicas explicaron ayer que los técnicos designados por el magistrado han reducido el número de sospechosos de 200 a 67 tras los registros practicados en julio en las dos sociedades que facilitaron el fraude.
La Audiencia Nacional judicializó este caso en julio. Hasta esta fecha, la Agencia Tributaria abrió una investigación después de que Alemania informara, vía Londres, de la existencia de este fraude tras comprar a un confidente un DVD con datos de clientes de la entidad Liechtenstein Global Trust Group.
El Ministerio de Economía permitió a los implicados en esta red poner sus cuentas al día con el erario. Por ello, abrió un plazo de regularización al que se acogieron muchos de los investigados. Estas personas, en principio, quedarían fuera del proceso judicial. Es el caso del padre del presidente de CiU, Artur Mas. Fuentes cercanas al líder convergente explicaron ayer que el padre de Mas regentó varios negocios en el extranjero y que ha regularizado sus inversiones en el paraíso fiscal mediante declaraciones complementarias, informa Toni Sust.
El resto de afectados guardó silencio ayer. La revista Interviú desveló que, entre los sospechosos, figura el cantante Alejandro Sanz. La Audiencia y la fiscalía se negaron a confirmar estos datos. También ratificaron que la audiencia es competente para instruir este caso porque se trata de un delito cometido por un español en el extranjero.
Las fuentes jurídicas consultadas matizaron que los peritos no atribuyen a estas personas un delito de blanqueo de capitales, que se comete cuando el origen es ilícito. Estas fuentes también revelaron que los técnicos examinan si el delito fiscal ha prescrito, ya que se cometió entre el 2002 y el 2006. Este delito cesa a los cinco años de su comisión.
