El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso ayer una sanción de siete meses de suspensión a la juez de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla por presionar a otros jueces en favor de la libertad del expresidente de Banesto Mario Conde. Esa sanción conlleva la pérdida de destino.

El castigo fue apoyado por los 10 votos de la mayoría conservadora y fue rechazado por los nueve vocales de la minoría progresista. El acuerdo precisó cuatro votaciones. La mayoría del CGPJ se negó a imponer una sanción de dos años de suspensión, como proponía el instructor del expediente disciplinario. Tampoco fue apoyada una sanción de un año ni la petición del vocal conservador Adolfo Prego de suspenderla nueve meses.