Nuevo capítulo en la tortuosa guerra por el control de Caja Madrid. Un juzgado madrileño paralizó ayer el proceso electoral en la cuarta entidad financiera del país. El Ayuntamiento de Madrid le había pedido la semana pasada que tomara esta medida cautelar hasta que se resuelva el recurso presentado por el propio consistorio sobre el reparto de consejeros en la asamblea de la caja.
La entidad cuenta ahora con 20 días para presentar sus alegaciones. El problema de fondo es el reparto de los 64 consejeros que corresponden a la Casa Real como institución fundadora de la entidad financiera y a la que siempre renuncia.
La comisión de control de la caja está controlada por los partidarios de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, está enfrentada con el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por el apoyo que brinda al presidente de la entidad, Miguel Blesa, para que renueve en el cargo.
Con la nueva ley regional de cajas, impulsada por Aguirre, las corporaciones locales ya no entran en el reparto de los 64 consejeros de la Casa Real. Pero Gallardón defiende que la renuncia de esta tuvo lugar antes de la entrada en vigor de la nueva norma, con lo que el reparto se debe hacer según la ley del 2003, que sí concede derecho de participar en el reparto al ayuntamiento.
Estaba previsto que el proceso electoral concluyera a mediados de noviembre, pero ahora no está claro. Además de la caja, la comisión de control también tendrá cinco días para explicar al juez su postura.
Decida lo que decida el titular del juzgado de primera instancia número 60 de Madrid, la continuidad de Blesa al frente de la caja no es fácil. El pacto alcanzado hace unos meses por la Comunidad, PSM, IU, CCOO y UGT para controlar la caja ha dejado a Gallardón en una posición muy complicada. Aguirre ya ha dicho que el exvicepresidente Rodrigo Rato y su propio vicepresidente, Ignacio González, serían buenos candidatos.
