La juez Teresa Palacios decidió ayer sentar en el banquillo a 14 personas imputadas en el caso Gescartera . Entre ellos, no figura ningún miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el exsecretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez Reyna, que dimitió por sus relaciones con la sociedad que presidía Antonio Camacho.
La magistrada ha asumido la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que renunció a investigar la presunta relación de los entonces presidente y vicepresidente de esa entidad, Pilar Valiente y Luis Ramallo con los responsables de Gescartera. Ambos recibieron regalos de Camacho mientras ostentaban esos cargos.
El escándalo estalló en junio del 2001 y entonces se especuló que detrás de la agencia podía ocultarse un caso de financiación ilegal del PP. La juez, en declaraciones a un diario, negó esa posibilidad.
En el auto, Palacios explica que los gestores y varios trabajadores de esa sociedad han podido cometer un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad, tasado en 50,2 millones de euros, al vaciar las cuentas de sus clientes. Por ello, limita la responsabilidad penal a los directivos de Gescartera como Antonio Camacho, Pilar Giménez Reyna (que fue presidenta), José María Ruiz de la Serna (número dos de la sociedad), Aníbal Sardón (comercial) y otros empleados. El fiscal pide entre 11 y 6 años de prisión para los 14 acusados. En el banquillo también se sentará la mujer de Camacho, Laura García Morey, y José Alfredo Castro y Miguel Carlos Prats, empleados de La Caixa en Majadahonda (Madrid).
La Audiencia Nacional prevé celebrar este juicio después del verano.
