Acto judicial espectacular. La magistrada del juzgado de lo mercantil número tres de Madrid, Miriam Iglesias, decretó ayer la suspensión cautelar de la oferta de compra (OPA) de Gas Natural sobre Endesa y del acuerdo de la gasística con Iberdrola para la venta de activos. En el auto, la juez decreta una caución de 1.000 millones de euros (166.389 millones de pesetas) que condiciona esta resolución y que pretende cubrir "posibles daños y perjuicios" derivados de las medidas cautelares.

El auto se produce a raíz de una demanda en la que la eléctrica denunció un pacto de Gas Natural e Iberdrola, previo a la OPA lanzada el 5 de septiembre, y contrario al Tratado de la UE . La eléctrica debe decidir si aporta esa caución antes de 10 días.

Este aval tendrá carácter "incondicional e indefinido" e, inicialmente, apenas afectará a sus cuentas. Por un lado, sólo deberá cargar con los costes financieros, que alcanzan un máximo del 1% anual; y por el otro, sólo se traducirá en una nota a pie de página en la memoria, "hasta que no haya certeza de que tendrá algún coste real", según Oriol Amat, catedrático de Economía.

PROPUESTA DE UN MILLON La medida cautelar, que enmaraña más si cabe la pugna por el control de Endesa, ha sido decidida a petición de la eléctrica y se produce en pleno periodo de aceptación de la OPA de Gas Natural, que debía finalizar el 19 de abril. Mientras, la oferta planteada por la energética alemana E.ON, un 29,1% superior a la de la gasística, sigue su curso, pero debe pasar antes por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), tras los cambios en la regulación aprobados por el Gobierno. Endesa propuso en su día una caución de un millón de euros, que la juez ha concretado en un 5% del importe de la OPA.

La demanda planteada por Endesa se produce después de otras dos presentadas en Barcelona y de las que la eléctrica desistió para plantar batalla en Madrid. La juez considera "razonable la hipótesis de la concertación previa" entre Gas Natural e Iberdrola y que "parece simplemente posible que la demanda prospere" porque las dos compañías podrían haber infringido el artículo 81 del Tratado de la UE.

PERJUICIO AL ACCIONISTA Gas Natural anunció que adoptará "las medidas adecuadas en defensa de sus intereses". La compañía defiende el pacto con Iberdrola destinado a cumplir con las desinversiones impuestas por el Gobierno. La gasística destaca si la eléctrica aporta el aval, "podría incurrir en responsabilidades económicas relevantes al perjudicar a Gas Natural" y "a sus propios accionistas".