La juez Teresa Palacios comenzó ayer a preparar el juicio contra el presidente del BSCH, Emilio Botín, y los exconsejeros José María Amusátegui y Angel Corcóstegui por un presunto delito de administración desleal.
Amusátegui percibió 43 millones de euros (7.155 millones de pesetas) en agosto del 2002 tras renunciar a todos sus cargos en el banco el 16 de agosto del 2001, tras la fusión dos años antes del Santander y del Central Hispano. Además, desde esa fecha se le abonan por pensión anual de jubilación más de 7 millones de euros (1.165 millones de pesetas).
Corcóstegui recibió 108 millones de euros (17.970 millones de euros) en febrero del 2002, cuando decidió jubilarse. Este contrato incluía una cláusula que impide a este exconsejero trabajar durante 10 años en entidades competidores del banco.
La juez sostiene que esos contratos "no tienen cobertura legal ni estatutaria" y que los pagos fueron "excepcionales". Por ello, se pregunta por las facultades que tenía "para acometer" los acuerdos. Y dice que esos contratos son "calificables de nulidad radical", ya que podían haber ido a un "reparto de dividendos". Además, la magistrada mantiene que, si se querían realizar esos pagos, habría sido necesario "promover la reforma estatutaria".
