Los gobiernos autonómicos serán los encargados de delimitar las zonas donde se aplicará el programa de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, siguiendo sólo recomendaciones desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Así se acordó ayer en una reunión en Madrid entre la Administración central, los autonómicos y representantes de la federación de municipios.
Según expuso el ministerio, la realidad rural española está compuesta por 800.000 ciudadanos, que habitan el 25% por ciento del territorio en zonas alejadas de los núcleos urbanos. Por ello, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, subrayó que hay indicadores que "nos piden a gritos actuaciones urgentes de las Administraciones públicas".
Pese a todo, el gobierno apostó por no imponer criterios, sino ofrecer un marco general a las comunidades autónomas para que éstas propongan las zonas donde son necesarias estas actuaciones. Ahora los gobiernos regionales disponen de unas semanas, antes de la próxima reunión en enero, para decidir cuáles serán las áreas propuestas. Según el director general de Desarrollo Sostenible, Jesús Casas, la ley no se ha de aplicar homogéneamente sobre el territorio, dado que las necesidades son diferentes.
De momento, el ministerio prevé destinar 41 millones de euros a financiar varios programas piloto que se llevarán a cabo en Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Valencia.
