El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha reconocido hoy que el paro convocado por los secretarios judiciales ha tenido "un seguimiento intenso", con una "incidencia notable" en el servicio a los ciudadanos, y ha asegurado que se trata de una medida "injustificada y desproporcionada".

En una rueda de prensa, Pérez ha afirmado que la perturbación del servicio público de la Administración de Justicia ha sido provocada sobre todo por el "encadenamiento" del paro de los secretarios judiciales con las juntas de jueces convocadas también hoy, de las que ha dicho que "de lejos parecen una huelga encubierta".

Los secretarios judiciales han protagonizado hoy un paro de tres horas en protesta por la decisión del Ministerio de sancionar con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria del Juzgado de lo Penal de Sevilla cuyo titular, Rafael Tirado, no ejecutó una sentencia contra el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

También hoy se han celebrado en todos los tribunales Juntas de Jueces para protestar por lo que consideran presiones políticas para castigar al titular del Juzgado, Rafael Tirado, al que se le impuso una multa de 1.500 euros.

El secretario de Estado se ha referido al caso "llamativo" de Valencia, donde los secretarios judiciales de algunos Juzgados han acudido a trabajar, pero la actividad se ha visto paralizada por la convocatoria simultánea de juntas de jueces y ha indicado que esto puede ocurrir también en los Juzgados de lo Contencioso de Madrid y en Barcelona.

Preguntado sobre si consideraba que se trataba de una actuación concertada entre los jueces y los secretarios judiciales, Pérez ha indicado que los hechos son "evidentes" y que las Juntas de Jueces se han convocado para el mismo día del paro en todas partes.

Además, ha explicado que el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al anular ayer los servicios mínimos que había fijado el Ministerio para el paro de los secretarios judiciales partía de la suposición de que el servicio se reanudaría tras las tres horas de huelga sin tener en cuenta las Juntas de Jueces posteriores.

"Si hay una actuación concertada la reanudación es imposible", ha recalcado el secretario de Estado. Ha recordado precisamente que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, apeló ayer a la responsabilidad de los jueces para que las juntas no ocasionaran perjuicios a los ciudadanos.

También ha rechazado que sea una injerencia "opinar acerca de la justicia o injusticia" de una sanción, en referencia a las protestas de los jueces, y ha recordado que el CGPJ es un poder del Estado pero que no está a salvo de las opiniones de los ciudadanos y del resto de los órganos.

"Lo que no podemos admitir", ha indicado, es que se transmita la sensación de que existen servidores públicos que, por razón de su independencia y no sujeción al poder ejecutivo, "extraigan de ahí una condición de irresponsabilidad" ni que un pretexto de carencia de medios pueda conducir a la impunidad.

Pérez ha considerado desproporcionado trasladar el "comprensible" sentimiento de compañerismo de los secretarios judiciales con su compañera sancionada a los ciudadanos y ha asegurado que ese caso concreto no guarda relación con la situación general de los Juzgados españoles sino con el de Sevilla.

Por ello, ha insistido en que los comportamientos irregulares deben ser sancionados.