El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado el cese inmediato de la inspección de la Junta de Andalucía a Cajasur en la que han intervenido técnicos de la auditora privada KPMG.
El tribunal no impide esta inspección, pero considera que sólo puede llevarse a cabo por personal de la Administración. Para Cajasur, este auto supone que la actuación inspectora es nula y también carece de validez la documentación enviada por la Consejería de Economía a la Fiscalía Anticorrupción. La Junta, por su parte, sostuvo ayer que la inspección sigue, aunque sin personal de KPMG, que actuaba como "auxiliar" de sus técnicos.
El auto se dictó el pasado jueves, el mismo día en el que la consejería retiró a sus inspectores de la caja cordobesa alegando que no recibían la documentación que solicitaban y presentó ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que apuntaba la posible existencia de delitos de apropiación indebida y falsedad en documentos de la caja, por un montante no confirmado, pero que algunos medios cifraban en 10,3 millones de euros (unos 1.713 millones de pesetas).
Cajasur tuvo ayer conocimiento del fallo judicial, respuesta al recurso interpuesto el 3 de febrero ante la sala de lo contencioso- administrativo del TSJA, e interpreta que "supone la inmediata suspensión de las actuaciones" que la inspección de la consejería lleva a cabo en Cajasur y "por extensión en cualquier otra entidad financiera". La caja opina que "las actuaciones emprendidas por el Gobierno andaluz ante la Fiscalía, con la misma fecha del referido auto, carecen de validez, al fundamentarse en información recabada por KPMG que ahora el TSJA ha anulado".
Ayer hubo un duro cruce de acusaciones entre PSOE y PP, que se inició a cuenta de la petición de comparecencia del presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, ante la Comisión de Economía de la Cámara andaluza.
POLIZA DE JUBILACION
El PSOE, IU y Grupo Mixto sacaron adelante la petición de comparecencia de Castillejo ante la Cámara andaluza, mientras el PP abandonaba la Comisión de Economía del Parlamento. PSOE e IU valoraron positivamente el envío de documentación a la Fiscalía Anticorrupción, y consideraron necesario que Castillejo explique en el Parlamento las condiciones de su póliza de jubilación por 2,9 millones de euros (482 millones de pesetas), que la Junta considera ilegal. Fuentes de Cajasur señalaron que Castillejo no comparecerá salvo que lo hicieran todos los presidentes de las cajas.
