A petición del Gobierno argentino, la justicia del país intervino ayer Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral, las dos compañías aéreas controladas por el grupo español Marsans, que serán administradas por el Estado como paso previo, y al parecer inexorable, a la expropiación recomendada días atrás por el Congreso.
Según el polémico secretario de Transporte, Ricardo Jaime, la medida se tomó para "garantizar el normal funcionamiento", y en respuesta al intento de Marsans de nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas atribuciones que el gerente general y representante de los intereses estatales, Julio Alak.
La intervención tiene lugar a las pocas horas de conocerse la carta que el grupo español envió a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la que la invita a "solucionar las controversias pendientes". En esa misiva se advierte de que, de no llegar a un acuerdo "amistoso", se demandaría al Estado ante un tribunal internacional.
DIFERENCIAS DE VALOR Para el Gobierno, Aerolíneas Argentinas tiene un valor negativo de 664 millones de euros. De acuerdo con el Congreso, para tomar su control debería pagar simbólicamente solo un peso. Sin embargo, el banco Crédit Suisse tasó la compañía en un importe que oscilaba entre los 262 y los 434 millones de euros. Marsans reclama una tasación independiente y de carácter inapelable.
El caso Aerolíneas toca una cuerda sensible de las relaciones hispanoargentinas. Fernández de Kirchner descartó recientemente ante su colega José Luis Rodríguez Zapatero la posibilidad de la expropiación. Para los analistas, dentro del Gobierno hay opiniones enfrentadas sobre un tema cuya resolución impactará en las relaciones bilaterales.
El director de comunicación de Aerolíneas Argentinas, Jorge Molina, tildó ayer la decisión del juez de "medida cautelar" frente a la decisión de Marsans de retomar el control de la empresa habida cuenta del fracaso de las negociaciones con el Gobierno para vender las acciones.
