El decretazo del 2002 incluía un paquete de medidas que recortaban la indemnización por despido y la prestación por desempleo. La norma circunscribía el cobro de salarios de tramitación a los casos en los que el despido fuera improcedente y el juez obligara a readmitir al trabajador. También obligaba al parado a aceptar un empleo en un radio de 30 kilómetros o a menos de dos horas de desplazamiento.