La nueva ley del suelo comenzará su andadura parlamentaria después de que ayer el Consejo de Ministros aprobara el texto legal. La norma cuenta ya con los apoyos de IU-ICV, ERC, PSOE y Coalición Canaria con lo que prácticamente está asegurada su ratificación en el Congreso. La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, destacó que la ley pretende un cambio del actual modelo urbanístico, "opaco y poco sostenible", hacia otro "transparente, sostenible y rentable".

La ministra de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, ha logrado que el Ejecutivo dé salida a esta ley del suelo después de un largo periodo de consultas con las administraciones públicas, patronales del sector, sindicatos, colegios profesionales y asociaciones ecologistas. El Consejo Económico y Social emitió un dictamen positivo a esta reforma.

CRITICAS POPULARES Unicamente el Partido Popular y las autonomías donde gobierna han criticado esta ley y han adelantado que presentarán una enmienda a la totalidad. La formación considera que la ley contiene 15 artículos inconstitucionales porque vulnera las competencias de las comunidades autónomas.

El proyecto de ley pretende "favorecer la participación de los ciudadanos en los procesos de decisión sobre los usos del suelo, combatir la especulación urbanística, perseguir la corrupción y garantizar más suelo disponible para la vivienda protegida", resumió García de la Vega.

Para conseguir estos objetivos la nueva norma establece medidas contra la retención especulativa de suelos y criterios básicos para un desarrollo territorial y urbano sostenible. Entre otros, las administraciones deberán asegurar que el 25% del suelo se destinará a vivienda protegida y tendrán que impedir la retención de suelo especulativa. Además, un nuevo régimen de valoración del suelo establecerá criterios objetivos de tasación en el caso de expropiación.