La ruptura ayer de las negociaciones entre la dirección de Opel en España y el comité de empresa de la factoría de Zaragoza ha dejado en manos del Gobierno de Aragón, que preside Marcelino Iglesias, la decisión final sobre la aprobación o no, y su contenido, del expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a toda la plantilla (7.662 empleados) durante 17 días el próximo año. Ni la dirección de Opel ni el comité de empresa movieron ayer un ápice sus posturas en el encuentro que mantuvieron en la sede de la dirección provincial de Trabajo, en Zaragoza. Pese a los dos intentos de la Diputación General de Aragón por desatascar la negociación, la ruptura total se materializó tras constatar que las diferencias entre las partes son insalvables.
