El presidente de Andalucía, Manuel Chaves, plantó cara al Gobierno de Madrid aprobando tres decretos que otorgan ayudas complementarias a 285.000 familias andaluzas perceptoras de pensiones no contributivas, asistenciales y de viudedad.
La decisión del Gobierno andaluz fue tomada ayer con carácter de urgencia para adelantarse dos días a la publicación oficial de la reforma de la ley general de la Seguridad Social que el PP y Coalición Canaria aprobaron el pasado jueves en el Congreso. La nueva norma, rechazada por el resto del arco parlamentario, impide que las autonomías puedan mejorar las prestaciones más bajas, como hacían hasta ahora.
Chaves inició esta batalla legal en 1998 y fue seguido por Cataluña, la Rioja y Navarra. Los pensionistas no contributivos andaluces percibirán una ayuda única de 75,26 euros (12.522 pesetas), los asistenciales se verán beneficiados con 585 euros (97.335,8 pesetas) y las viudas con complemento a mínimos cobrarán 112 euros (18.635 pesetas). Andalucía gastará en esta medida 42,1 millones (7.000 millones de pesetas).
AVAL CONSTITUCIONAL El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez, explicó que "el Gobierno sería "el hazmerreír" si vuelve a presentar un recurso porque estos complementos no rompen la caja única del Seguro, están avalados por el Estatuto de Autonomía y por las sentencias del Constitucional.
Precisamente ayer, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunció que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional, como hizo sin éxito en 1999. Zaplana considera la decisión de la Junta de Andalucía como una respuesta, "movida por la impotencia", a la reciente subida de pensiones del Gobierno. El ministro descartó intenciones electoralistas del Ejecutivo central y, sin embargo, acusó a Chaves de subir las pensiones en medio de "procesos electorales".
El presidente de la Junta denunció que el Ejecutivo no acata las sentencias del Constitucional ni las competencias autonómicas y calificó de "cínicas" las llamadas de Zaplana a la igualdad de las pensiones cuando en Andalucía están por debajo de la media nacional.
En el mismo orden de cosas, los sindicatos, partidos y organizaciones sociales catalanas han mantenido reuniones de urgencia para preparar una respuesta ciudadana a la norma. El consejero jefe en funciones, Artur Mas, dijo que Cataluña pagará el complemento a las pensiones y lo ampliará a más colectivos.
El Gobierno vasco y los partidos de izquierda de Euskadi también se han opuesto a la ley, lo mismo que miembros del Ejecutivo cántabro. El presidente de Navarra, Miguel Sanz, prometió defender las actuales ayudas a las pensiones más bajas. El Parlamento Foral instó ayer a Madrid a retirar el recurso de inconstitucionalidad sobre los complementos navarros a las pensiones.
