Un problema para después... de las elecciones. Las autopistas radiales --todas ellas en concurso de acreedores y la mayor parte ya en proceso de liquidación-- se han convertido en un problema que el Gobierno, ahora en funciones, no ha atinado a resolver y las opciones más plausibles que se barajan pasan por la nacionalización o cualquier otra fórmula que al final implique que el Estado se haga cargo de ese negocio: de las radiales fallidas, pero es posible que también de las que económicamente funcionan una vez que concluya el plazo de la concesión. De hecho, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dado a entender en varias ocasiones que el Gobierno del PP, si llega de nuevo al poder, se propone no renovar las concesiones de las autopistas que tiene resultados positivos, como las de Abertis.

No es más que una fórmula para compensar, con las infraestructuras que tiene resultados positivos, las pérdidas generadas por las ocho autopistas radiales que de ninguna manera podrán compensar las pérdidas de 5.500 millones de euros que deberá afrontar el Estado por la bancarrota de esas infraestructuras. 'El Confidencial' de este jueves apunta que Pastor se propone crear un empresa nacional bajo cuyo paragüas agrupar a todas las autopistas las radiales y las concesiones que funcionan para compensar con los beneficios de unas las pérdidas de otras.

Al final no es más que una decisión que tomar el Gobierno obligados por los acontecimientos. No está claro quién tendrá que hacer frente al problema generado. Las elecciones del 26-J deben decidir quién gobierna --o no-- , pero tanto si lo hace el PP como el PSOE con la mayoría que se lo permita, la alternativa que se contempla es no renovar la concesión de las autopistas que funcionan a medida que caduquen. Habrá que ver qué formula acaba por imponerse, pero el resultado será la nacionalización del sector como alternativa para "gestionar el 'marrón' de las autopistas", según comentan fuentes del sector.

DECISIÓN JUDICIAL

La realidad es que el Gobierno no va a tener más remedio que asumir la situación, ya que el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid no aceptó las propuestas de convenio de Accesos de Madrid, concesionaria de las radiales R3 y R5, y Ciralsa (Circunvalación de Alicante), así como la presentada por la entidad pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre). Además, determinó la apertura de la fase de liquidación de oficio de dichas autopistas, además de declararse competente para resolver la concesión. Asimismo concedió un plazo de cinco meses, hasta las 0:00 horas del 1 de octubre de 2016, para que el Estado se haga cargo de las radiales, lo que supone echar por tierra la estrategia del Ministerio de Fomento de dejar correr el tiempo para evitar tener que enfrentarse a un problema. "No hay más remedio que asumir el problema", han destacado fuentes de las concesionarias.

Pero la principal amenaza para el próximo Ejecutivo que surja de las elecciones del 26-J es que este segundo auto plantea abiertamente la posible inconstitucionalidad del real decreto Ley 1/2014, que redujo la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), y activa la cuenta atrás para aclarar si, como han denunciado desde entidades financieras hasta inversores y compañías, se ha atentado contra la seguridad jurídica del país.

Al final, no habrá muchas alternativas, si las autopistas no pueden ser de los bancos --principales acreedores, con 3.700 millones de euros, tendrán que ser del Estado, y la única forma de que eso no sea un pozo sin fondo, continúan siendo deficitarias, será compensar que las que funcionan el resto. Se trata de una fórmula que ya planteó la banca cuando se negociaba una salida para la situación actual. pero entonces Fomento desestimó esa alternativa. La situación y la solución ha cambiado, la clave en quién la aplicará.