102 personas han sido detenidas por la policía en Granada como presuntos autores de un fraude a la Seguridad Social por valor de unos 4,2 millones de euros. Los arrestados están acusados de delitos de falsedad documental y estafa; y a cinco se les imputan delitos de insolvencia punible contra la Seguridad Social.
La investigación se inició al detectar la existencia de varias empresas que, a medida que iban acumulando deudas por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja. Tras pasar a una situación de insolvencia se constituían nuevas sociedades mercantiles gestionadas por las mismas personas y a las que pasaban los trabajadores de las deudoras.
La inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobó la inexistencia de obras que justificaran la plantilla --casi 1.800--, que estas empresas, dedicadas a la construcción, mantenían en alta. Además, verificó que casi todos los empleados, tras permanecer en alta los periodos mínimos exigidos, solicitaban el paro.
El entramado estaba integrado por 10 empresas especializadas en subcontratas, dirigidas por dos de los arrestados. Los cabecillas facilitaban domicilios falsos, pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión. Los socios y administradores eran testaferros que habían sido trabajadores de empresas anteriores y, en la mayoría de los casos, con antecedentes policiales.
