Los 3.118.000 trabajadores por cuenta propia que hay en España disponen ya de un Estatuto que regula su trabajo y con el que se cumple la reivindicación histórica de este colectivo, cuyo ordenamiento jurídico se remonta a 1970, cuando se creó el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Así, el Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente, con el apoyo de todos los grupos, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, que define la figura del trabajador por cuenta propia y establece un catálogo de derechos y deberes de este colectivo.
Entre los contenidos más relevantes destaca la regulación de la prevención de los riesgos laborales, la garantía económica para el trabajador, el régimen profesional del autónomo económicamente dependiente, la posibilidad de contratar a los hijos menores de 30 años o la creación del Consejo del Trabajo Autónomo. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo aseveró que el Estatuto "pone punto y final a la situación de desprotección" de los autónomos y afirmó que la Ley es un reconocimiento a su derecho a la igualdad y a no ser discriminados en ninguna circunstancia.
Caldera subrayó el derecho de los autónomos a conciliar la vida familiar y profesional, la protección de los menores de 16 años, "que no deben trabajar, sino educarse y formarse", las garantías económicas para el cobro de sus retribuciones, la protección de su vivienda habitual o el derecho a la salud y seguridad en el trabajo.
Alabanzas de todos los grupos
El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte destacó la regulación del autónomo económicamente dependiente, que exige un tratamiento "especial" pero, dijo, "no nos gustaría que estos trabajadores se convirtieran en una figura para mercantilizar las relaciones laborales". Por su parte, Gaspar Llamazares, de IU-ICV, destacó la "gran importancia" que tiene la regulación del trabajador autónomo económicamente dependiente, aunque indicó que éste "tiene menos derechos" y alertó sobre el riesgo de que se produzca un "trasvase" de contrataciones que perjudique a los trabajadores asalariados.
También el portavoz del PNV, Emilio Olavarría, subrayó que los autónomos dependientes pueden llegar a tener una situación de "precariedad" laboral y afirmó que a un empresario "le sale más barato" contratar a un trabajador en esta situación que a un asalariado. Para el portavoz de ERC, Joan Puig, la regulación es "tímida" y "discriminatoria" porque no reconoce aspectos como el grado de dependencia del autónomo, la limitación de jornada o indemnizaciones, y el importe de las pensiones es inferior a la media del régimen general.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, consideró que la Ley mejorará las condiciones del autónomo, aunque lamentó que no se hayan incorporado más medidas de equiparación social con el resto de los trabajadores. El diputado de CC, Luis Mardones afirmó que el Estatuto "actualiza y renueva los derechos" de los autónomos y valoró especialmente que puedan contratar a sus hijos menores de 30 años.
Por parte del PSOE, la diputada Isabel López equiparó la importancia de la Ley con la del Estatuto de los Trabajadores y subrayó la "repercusión positiva que supondrá también para las familias" de los trabajadores por cuenta propia. A su vez, los representantes de las organizaciones de autónomos mostraron su satisfacción por el Estatuto. Así, el secretario general de UPTA, Sebastián Reina, destacó la cobertura de los autónomos económicamente dependientes, un colectivo de unas 400.000 personas. Recordó que falta regular la situación de desempleo de los autónomos, para lo cual habrá una ley específica -por consejo del CES, con el acuerdo de los grupos parlamentarios-.
Dicha ley, que establecerá las prestaciones por desempleo que percibirá este colectivo, requiere un estudio económico y jurídico, pues implicará unas cotizaciones complementarias que deben calcularse. Para Soraya Mayo, de ATA, el Estatuto termina con la situación de "ciudadanos de primera y de segunda" y pone de manifiesto que los autónomos y sus asociaciones se han ganado el respeto de los grupos parlamentarios. Previsiblemente, la Ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
