Cuando Telefónica presentó el expediente ante la opinión pública insistió en que no tendría coste alguno para el Estado y que la compañía pagaría 3.500 millones de euros. En parte es cierto, pero el salario que cobra el prejubilado desde los 52 años hasta los 61 no lo paga entero Telefónica. Durante los dos primeros años, el Ministerio de Trabajo aporta la prestación por desempleo y la empresa el resto. Después, el Inem también otorga la prestación asistencial al extrabajador hasta los 61 años.

Para los empleados de 61 a 65 años, Telefónica sólo aportará el 35% del salario y dejará de pagar las cuotas al Seguro, por lo que el trabajador tendrá que jubilarse anticipadamente. Por otro lado, el empleado será penalizado por el Seguro con un porcentaje de entre un 5% y un 7% anual, por lo que recibirá hasta un 28% menos de pensión que si se hubiese jubilado cuando le tocaba.