Miles de pymes y autónomos se verán forzados a partir del próximo 1 de julio a solicitar a Hacienda un certificado con el que demostrar que están al corriente de sus impuestos y asegurarse así que cobrarán por los trabajos realizados para otras empresas. El documento librará a la compañía pagadora de la responsabilidad subsidiaria sobre deudas tributarias pendientes de las subcontratas, establecida por la nueva ley general tributaria, que entrará en vigor en el plazo de un mes.
El proyecto de reglamento general de recaudación preparado por el Gobierno consolida esta obligación de las contratas y subcontratas, ya recogida en la ley general tributaria aprobada por el Ejecutivo del PP, y que entrará en vigor en julio. La subcontrata deberá entregar a cada cliente el certificado, que tendrá una vigencia de 12 meses.
REBAJAR EL IMPACTO Varias patronales tratarán de negociar con el Ejecutivo rebajar el impacto de la medida, que incrementa las obligaciones formales esencialmente de pequeñas empresas y autónomos.
En caso de no tener el certificado, el pagador asumirá la responsabilidad por retenciones no practicadas a los trabajadores y deudas fiscales con el IVA de las compañías y sociedades cuyos servicios contrate. Dictámenes elaborados por juristas aconsejan que "no se pague factura alguna al contratista o subcontratista que no haya aportado previamente el certificado".
El nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, que la legislación de la Seguridad Social ya prevé, entrará en vigor sin haberse aclarado conceptos clave para "evitar una paralización de la actividad económica" a partir de julio, según Valentí Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
ACTIVIDAD PRINCIPAL Por ejemplo, la responsabilidad recae, según la ley, sobre "las personas o entidades que contraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal". La definición, según los expertos, no es esclarecedora.
Hacienda deberá tramitar el certificado de limpieza fiscal solicitado por la subcontratista en tres días, pero podrá denegarlo si ésta mantiene "con el Estado deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida", según el proyecto.
La nueva ley pretende poner fin a la elusión de obligaciones tributarias que se perdían en la cadena casi sin fin de empresas contratadas por otras. Esta mala práctica se ha combatido hasta la fecha con muy poca eficacia, según los expertos.
