La apertura de las grandes superficies estará sujeta a una sola autorización, local o autonómica, y no a dos, como hasta ahora. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer que ultima la reforma de la normativa del comercio minorista, con el fin de eliminar "las trabas y barreras injustificadas existentes".
El Gobierno va a obligar a las comunidades a decidir si ceden la competencia para autorizar la apertura de los grandes comercios a las autoridades locales o se la quedan para sí. Además, las autorizaciones pasarán a tener una duración ilimitada. En caso de que la Administración no se pronuncie en un plazo determinado, se dará por concedido el visto bueno a la instalación.
La norma impedirá denegar el permiso por motivos económicos, con lo que no se podría prohibir la apertura de un centro comercial para proteger al pequeño comercio. Las autoridades, con todo, podrán vetar una gran superficie por razones "imperiosas" de interés general.
Sebastián citó, en este sentido, los motivos urbanísticos, medioambientales, de seguridad y orden público, y la conservación del patrimonio. "La libertad de establecimiento no puede significar barra libre para instalarse dónde, cómo y cuándo se quiera", resaltó el ministro.
