El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido el papel de la Agencia Tributaria (AEAT) en la lucha contra elfraude fiscal y para proclamar que el Gobierno anima a los funcionarios a investigar los indicios de fraude sin preocuparse por "nombres, actividades, relevancia social o afiliaciones políticas".

Durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el decreto ley por el que se convocan nuevas plazas de empleo público, entre otras para la AEAT, Montoro ha asegurado que el Ejecutivo "respeta completamente la independencia y autonomía" de estos funcionarios y que "sólo interviene para tratar de mejorar los medios a su disposición, apoyarles cuando incluso se les ataca desde fuera y estimularles en su trabajo".

"Y se les dice que deben acudir allí donde detecten posibles bolsas de fraude o indicios de delito, sin que les tengan que preocupar lo más mínimo los nombres de los posibles defraudadores, ni su actividad profesional, ni su relevancia social ni su afiliación política", ha precisado, sin mencionar ningún nombre concreto, como el de el exvicepresidente Rodrigo Rato, investigado según han publicado algunos medios por el Sepblac por presunto blanqueo de capitales.

"QUE CADA CUAL RESPONDA DE SUS ACTOS"

El titular de Hacienda ha insistido, a renglón seguido, en que en la lucha contra el fraude "el respeto a la ley y el interés general están por encima de todo", incluyendo "los intereses políticos o electorales, los compañeros y los rivales, los amigos y los enemigos". "Que cada cual responda de sus actos", ha apostillado.

En este punto, ha criticado a quienes "se escandalizan" al conocer actuaciones de la Agencia Tributaria que implican a "personas de relevancia social". "A mí lo que me escandalizaría es que esas actuaciones no se hicieran, y que esas personas no pudieran ser investigadas, como ocurría en ocasiones anteriores", ha añadido, provocando un aplauso de sus compañeros de bancada.

Así, ha reiterado su convicción "firme" de que el Estado debe "poner todos los medios" a su disposición para "controlar y sancionar las conductas fraudulentas y delictivas, sean quienes sean las personas o empresas, entidades o instituciones, que las cometan".