El Gobierno está decidido a impulsar la sociedad de la información en España de todas las formas posibles, desde el despliegue de infraestructuras a la creación de contenidos de la Administración Pública, y para ello no solo destinará otros 3.800 millones de euros para una nueva edición del Plan Avanza, sino que aplicará la discriminación positiva para quien haga mejor los deberes. En este sentido, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, prometió ayer incentivos económicos y de dotación de infraestructuras para los municipios que faciliten la instalación de antenas de telefonía móvil, en forma de ayudas gubernamentales.

"Aquellos ayuntamientos que colaboren permitiendo la instalación de antenas tendrán un trato preferente sobre los que no colaboren", afirmó el ministro después de la inauguración del 22º encuentro de las telecomunicaciones que cada año celebra la patronal del sector, Aetic, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sebastián urgió a las operadoras a mejorar la calidad y la extensión del servicio y se comprometió también a llevar cobertura de móvil a todas las redes de metro de España.

SECTOR ESTRATEGICO El ministro aludió a la coyuntura económica y dijo que este sector debe jugar un papel importante ya que, además de aportar valor añadido a la economía, contribuye a poner las bases de un nuevo modelo de crecimiento basado en I+D+i, a reducir la inflación y a mitigar el déficit comercial.

Muchos ayuntamientos mantienen moratorias sobre la instalación de antenas de telefonía móvil por la presión vecinal.

Para mejorar la cobertura en móviles, el Gobierno también reformará el actual espectro asignado a la telefonía móvil (las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz) para prestar servicios de tercera generación y habilitar una nueva banda de frecuencias (2.500-2.690 MHz) para servicios de movilidad avanzada mediante concursos públicos. Esto podría suponer la entrada de nuevos operadores o la aparición de un negocio mayorista para las actuales compañías (Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo) hacia los operadores móviles virtuales (OMV), que son los que operan sin contar con una red propia.

CAMBIOS EN DOS DIAS El ministerio también prevé culminar la llamada Carta de Derechos del Usuario de las Telecomunicaciones, que obligará, entre otras cosas, a que las operadoras se transfieran a un cliente manteniendo el mismo número en un plazo máximo de dos días, a que las compañías informen más a los usuarios cuando les vendan una oferta y a que respondan a las reclamaciones de sus clientes en el plazo máximo de un mes, además de no permitir ofertas que no puedan cumplir efectivamente el 80% de lo anunciado. Sebastián se comprometió también a lanzar un plan que "contribuya a incrementar los niveles de seguridad y confianza de la red" y a impulsar el despliegue de redes de nueva generación, basadas en fibra óptica. Esta es una de las principales apuestas de los operadores para los próximos años, sobre todo para Telefónica, que ya está ensayando servicios sobre esta infraestructura en fase precomercial.

La compañía podría lanzar la primera oferta minorista este mes, después de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se haya pronunciado sobre su red y tan solo la haya obligado a compartir las canalizaciones de la fibra con su competencia, pero no le obligue a alquilarla a terceros. "El modelo actual de regulación apoyado en una red legada no sirve para las nuevas infraestructuras que deben construirse de cero", señaló Reinaldo Rodríguez, presidente de la CMT.