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NEGOCIACIONES POLÍTICAS

Nadal pide a los partidos propuestas para definir al consumidor vulnerable de la luz

El Gobierno y los partidos están de acuerdo en vincular el bono social a la renta

 

Álvaro Nadal, ministro de Energía, durante un pleno del Congreso de los Diputados. - AGUSTÍN CATALÁN

P. ALLENDESALAZAR
17/01/2017

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha pedido este martes a los grupos parlamentarios que le envíen propuestas concretas para elaborar una definición de a quién se considera consumidor vulnerable de electricidad y debe estar beneficiado por el bono social (descuento del 25% en la factura de la luz, que en los casos más extremos va a pasar a ser del 100%). Según algunas fuentes, los partidos tendrán 15 días para elevar sus propuestas al Gobierno, aunque el Ministerio no ha confirmado ese plazo.

Nadal se ha reunido con los portavoces parlamentarios para desarrollar el reglamento sobre el nuevo bono social tras la aprobación el pasado 23 de diciembre de un Real Decreto para reformar esta ayuda. El Ministerio de Energía ha asegurado que existe un "consenso de todos los partidos en usar el criterio de renta para determinar qué ciudadanos son vulnerables o no", una iniciativa del propio Nadal que adelantó este diario.

En la reunión no se ha acordado, en cualquier caso, tumbar los criterios actuales: hogares con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensionistas con la prestación mínima, y viviendas con potencia contratada inferior a tres kilovatios (2,4 millones de contratos y siete millones de beneficiarios). Queda la puerta abierta, así, a un sistema mixto, en el que se mantengan estos colectivos pero se tenga en cuenta su renta para excluir a quienes no necesitan la ayuda.

CORTES DE LA LUZ

Los portavoz parlamentarios de energía tendrán ahora que pactar su propuestas con sus grupos y con sus partidos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos gobiernan en algunas comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en asistencia social. Existen, así, distintos criterios en las regiones para calcular la renta, como el salario mínimo interprofesional o el Indicador Público de renta de Efectos Múltiples (IPREM) que se podrían emplear en el bono social.

El próximo día 31 está previsto que el pleno del Congreso estudie la convalidación del Real Decreto. La medida más inmediata que incluyó es la reforma de la financiación del bono social, que se amplió a todas las comercializadoras. Así, además de los grandes grupos como Endesa, Iberdrola o Gas Natural, deberán participar también un conjunto de compañías que suponen el 6% del mercado. También recogía la prohibición de los cortes de la luza los hogares “muy vulnerables”, pero su entrada en vigor se retrasó hasta cuatro meses por los trámites reglamentarios que hay que completar.

El Gobierno, PSOE y Ciudadanos acordaron, asimismo, que las eléctricas cofinancien a través del bono social el coste de evitar los cortes de la luz, unos pagos a las empresas que ahora asumen en solitario los servicios sociales y que se duplicarán; ligar el bono social al nivel de ingresos de los beneficiarios (actualmente hay perceptores que no lo necesitan), y desarrollar un índice de comparación de ofertas de electricidad, similar al TAE financiero.