El Gobierno, representado por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y los sindicatos CCOO y UGT, con sus respectivos líderes, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, decidieron ayer mantener abiertas las negociaciones para intentar llegar a un mínimo acuerdo sobre la reforma de las pensiones, tras mantener reuniones desde la mañana hasta la noche de la jornada de ayer, que se suman a las tres horas previas del pasado viernes. De momento, ninguna de las partes rompe los puentes y el diálogo continuará.
El límite temporal está en el lunes por la mañana. Ese mismo día por la tarde está convocado, con carácter extraordinario, el consejo confederal de UGT, y al día siguiente el de CCOO para debatir la posible convocatoria de una huelga general si el Gobierno se mantiene en su intención de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación de los 65 años actuales a los 67.
De hecho, ninguna de las dos partes consideraba factible que en estas negociaciones se logre un pacto cerrado. Pero sí que esperaban, al menos desde el lado sindical, que el Gobierno demostrase con propuestas concretas que las palabras del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que pelearía para pactar las pensiones con los sindicatos no eran solo retóricas.
"Lo importante de estas reuniones son las expectativas", resumía ayer un dirigente sindical. Si la conclusión que sacan los sindicalistas de las conversaciones es que el Ejecutivo no piensa moverse un ápice de sus posiciones, la confrontación en forma de huelga general puede ser inevitable. Si el Gobierno demuestra cintura negociadora y ofrece un paquete de medidas que permita salvar la cara a las dos partes, las protestas serán mucho más moderadas.
EL RETRASO DE LA JUBILACION De momento ayer, el Gobierno y los sindicatos, que no han revelado dónde tienen lugar las reuniones, tampoco quisieron desvelar si continuarán los encuentros mañana, por tercer día consecutivo. Ayer empezaron a las 10 de la mañana y por la noche todavía continuaban. El principal escollo de la negociación es el retraso de la edad de jubilación a los 67 años que pretende el Gobierno y que rechazan frontalmente los representantes de los trabajadores, que han amenazado con una nueva huelga general (la segunda tras la del 29 de septiembre en contra de la reforma del mercado de trabajo).
El Ejecutivo está dispuesto a rebajar esa edad a 65 años para los trabajadores que hayan cotizado 40 años o más, según fuentes conocedoras de las conversaciones consultadas por Efe. Trabajo señala que todas las posibilidades están abiertas y que se barajan otras alternativas.
Algunos dirigentes sindicales destacan que antes de alargar la edad del retiro deberían verse los efectos de la ampliación del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión completa. Los sindicatos están convencidos de que el Gobierno tiene más margen de negociación del que demuestra en público.
EL PP APROVECHA Mientras el Gobierno intenta negociar con los sindicatos, dirigentes del Partido Popular, conscientes de que ninguna otra fuerza apoya al Ejecutivo en este tema, se dedicaron a hurgar en la herida. El vicesecretario general de comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió al Gobierno que "no sea cruel" con los pensionistas y trabajadores y añadió que el Ejecutivo tiene que acordarse de que detrás de la crisis económica "hay personas que no tienen por qué pagar los errores" del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
