En la actualidad, hay 700.034 clientes que disfrutan del bono social, ya sea el antiguo o el actual, según el ministerio de Transición Ecológica, es decir, 1,7 millones de usuarios menos que en octubre del año pasado, cuando el Gobierno de Rajoy anunció un cambio en la regulación que tiene como fecha límite el 8 de octubre de este año.
Los motivos de esta baja participación se deben principalmente a una modificación de los criterios exigidos para su aplicación que tiene como principal diferencia el nivel de renta en detrimento de la potencia contratada como ocurría hasta ahora, y la larga burocracia que las comercializadoras requieren a sus clientes para poder acogerse a esta ayuda, ya que son estas las encargadas de tramitar las peticiones, admitirlas o rechazarlas.
DIFERENCIAS CON EL ANTIGUO BONO SOCIAL
El bono social eléctrico creado en 2009 suponía una ayuda en la factura de la electricidad de los "consumidores vulnerables", entendiendo por tales aquellas familias con una potencia contratada inferior a 3 kW, fuera cual fuera su situación económica; los pensionistas con pensión mínima; las familias numerosas y aquellas que tuvieran a todos sus miembros en desempleo.
El bono actual, creado por el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, elimina al grupo de usuarios por debajo de 3 kW, que tendrán que demostrar su nivel de renta para poder acceder a él, y que supone 1,5 millones del total de 2,44 millones de usuarios receptores del bono social antiguo. De este millón y medio de usuarios algunos podrían mantener la ayuda porque su nivel de renta está por debajo de lo establecido y otros, en cambio, lo perderán. Pero además, también excluye a las familias que se han cambiado al mercado libre desde el regulado (más de la mitad de los consumidores, según los expertos) porque el bono solo se aplica a los usuarios que tengan un contrato PVPC.
Además, a los pensionistas se les exige que no tengan más ingresos que la pensión y a aquellas familias con todos los miembros en desempleo que convivan en la misma unidad familiar.
REQUISITOS
En concreto, el bono actual establece tres tipos de "consumidores vulnerables": las familias en riesgo de exclusión social, en manos de servicios sociales, que no tendrán que pagar nada porque el 50 % lo financia el Gobierno y el otro 50 % restante las Comunidades Autónomas; los consumidores vulnerables, que tendrán un descuento del 25 % en su factura y los vulnerables severos, un 40 %.
Según los datos del organismo regulador, de los 650.000 nuevos beneficiarios actuales, 333.000 corresponden a personas bajo la categoría de clientes vulnerables (-25% en la factura) y 316.000 a aquellas en la categoría de vulnerables severos (descuento del 40% de consumo en factura).
CONFUSIÓN SOBRE EL PERIODO DE TRANSICIÓN
El próximo día 8 de octubre finaliza el periodo de transición para que los ciudadanos se pasen del bono social antiguo al actual, sin embargo, esto no quiere decir que finalice el tiempo para que los hogares se puedan acoger a esta ayuda. Es decir, a partir de ese día "D" todas las familias que no hayan solicitado el traspaso perderán el antiguo bono, verán incrementada la factura de la luz de octubre, pero podrán solicitar el nuevo, si se acogen a las circunstancias descritas, en cualquier momento y comenzarán a disfrutarlo después de hacer las gestiones pertinentes.
No obstante, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reivindicó hace tan solo unos días la importancia de ayudar al colectivo vulnerable y la necesidad de acometer medidas para que el precio de la factura, en máximos, no le afecte. "Abordar la pobreza energética debe ser una prioridad y tres son los actores claves: precios de la energía, eficiencia energética y la renta de las familias", precisó Ribera en el Foro Cinco Días. El próximo 19 de septiembre comparece en el Congreso de los Diputados y podría anunciar alguna medida a este respecto.
